La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la recusación presentada por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti en el marco de la causa Vialidad. El tribunal, con los votos de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y el propio Lorenzetti, consideró que el planteo fue extemporáneo y carecía de fundamentos jurídicos suficientes.
La defensa de Kirchner había argumentado una supuesta falta de imparcialidad por parte de Lorenzetti, basándose en notas periodísticas, disidencias en fallos del tribunal, declaraciones televisivas del juez y una denuncia realizada en el Senado por la senadora Anabel Fernández Sagasti. Sin embargo, la Corte concluyó que la mayoría de los hechos alegados ya eran conocidos con anterioridad a la presentación del recurso extraordinario del 13 de febrero y que las declaraciones posteriores no constituían una causal objetiva ni comprobable de recusación.
Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que han desestimado los intentos de la defensa de Kirchner por recusar a jueces y fiscales involucrados en la causa. En marzo de 2025, la Cámara de Casación Federal rechazó el recurso extraordinario presentado por la expresidenta, dejando como única vía la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Además, el procurador general de Argentina, Eduardo Casal, solicitó recientemente que se eleve a 12 años la condena a Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, respaldando la apelación del fiscal general Mario Villar. Casal argumenta que debe sumarse el cargo de asociación ilícita, rechazado en instancias anteriores.
En el ámbito legislativo, el Senado argentino rechazó en mayo de 2025 la ley de «ficha limpia», que impedía ser candidatos a personas con condenas por corrupción confirmadas por un tribunal de segunda instancia. Esta decisión favorece directamente a la expresidenta, cuya condena en la causa Vialidad fue ratificada por la Cámara de Casación en 2023.
La causa Vialidad, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, continúa siendo un eje central en la política y la justicia argentinas. La expresidenta ha denunciado en múltiples ocasiones que se trata de una persecución política y judicial en su contra.
Con este nuevo revés judicial, la situación legal de Cristina Kirchner se complica aún más, mientras se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre la apelación que podría aumentar su condena a 12 años de prisión y sobre todo, lo que le interesa al poder económico, su proscripción política e inhabilitación para acceder a cargos públicos.
