A una década del grito colectivo que conmovió a la Argentina, el gobierno desmantela políticas de género, oculta femicidios en estadísticas generales y estigmatiza a las víctimas. Sin datos confiables ni voluntad política, crece la impunidad y el abandono estatal ante una violencia que mata a una mujer cada 35 horas.
Ni Una Menos: 10 años después, el Estado se retira
Este 3 de junio se cumplen diez años del primer #NiUnaMenos, la histórica movilización que sacó a la violencia machista del silencio social y la colocó en el centro del debate público. Aquella multitudinaria protesta no nació de un decreto ni de un partido político: fue la reacción de una sociedad harta de contar mujeres muertas. Hoy, ese grito urgente vuelve a resonar, pero con un nuevo y preocupante contexto: el Estado nacional parece decidido a abandonar su responsabilidad en la prevención, atención y erradicación de las violencias por motivos de género.
Desde la llegada al poder del gobierno de Javier Milei, se ha profundizado una política de desmantelamiento sistemático del andamiaje institucional construido en los últimos años para abordar esta problemática. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue degradado, los programas territoriales fueron interrumpidos, las líneas de asistencia como el 144 quedaron desfinanciadas y las estadísticas dejaron de publicarse con regularidad y precisión.
En un contexto de ajuste brutal, los programas vinculados a género representan apenas el 0,2% del presupuesto nacional, pero fueron los primeros en ser recortados. Un informe del medio Chequeado revela que de los 19 ministerios existentes en 2023, el de Mujeres ocupaba el puesto 17 en términos de presupuesto asignado. Aun así, fue señalado como símbolo de un supuesto “gasto inútil”.
La narrativa oficial se apoya en una cifra: la supuesta baja del 14,3% en los homicidios de mujeres. Sin embargo, esa reducción no se corresponde necesariamente con los femicidios, que son crímenes motivados por razones de género. Como advierte la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, única fuente oficial que lleva estadísticas rigurosas sobre femicidios, la cifra se mantiene estable desde 2014. Además, no hay datos públicos, completos ni confiables que respalden una disminución en la violencia de género. El recorte de fondos no está avalado por evidencia, sino por una decisión política.
El silenciamiento estadístico es una forma de violencia institucional. Sin datos no hay diagnóstico. Sin diagnóstico, no hay política pública. Sin política pública, hay abandono. Y ese abandono se traduce en más mujeres que no acceden a ayuda, en menos redes territoriales, en mayor exposición al riesgo. Las organizaciones que trabajan en el tema coinciden: los femicidios no bajaron, solo desaparecieron de los informes oficiales.
Además del vaciamiento presupuestario, crece una retórica peligrosa desde el gobierno. Las denuncias por violencia son puestas bajo sospecha, las víctimas son estigmatizadas y se amenaza con endurecer penas por denuncias «falsas», a pesar de que no existen estadísticas confiables que respalden la supuesta masividad de estos casos. Por el contrario, los datos disponibles muestran que sólo 1 de cada 4 mujeres que sufre violencia logra denunciar. En los femicidios registrados por la Corte, menos del 25% de las víctimas había denunciado previamente.
El mensaje es claro y aterrador: denunciar es arriesgado. Denunciar no es gratis. Denunciar puede costarte la vida.
En lugar de consolidar un plan nacional como establece la Ley 26.485, el Gobierno niega el problema, relativiza las cifras, minimiza la violencia y criminaliza la lucha feminista. Las señales de retroceso son múltiples: cierre de oficinas, eliminación de campañas de prevención, ataques discursivos a quienes trabajan en la temática y falta de articulación con las provincias.
Mientras tanto, la sociedad no ha dejado de considerar el tema relevante. Una encuesta reciente del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) junto al CEDES revela que el 79% de la población prefiere un Estado que brinde protección frente a las violencias y el 85% cree que aún queda mucho por hacer en materia de igualdad de género. Las mujeres siguen buscando ayuda, siguen denunciando, siguen organizándose, a pesar del desamparo oficial.
El abandono no es solo económico, es también simbólico y político. La negación de la violencia y la estigmatización de sus denunciantes son una forma de complicidad con el agresor. Invisibilizar los femicidios detrás de cifras generales de homicidios no es eficiencia en la gestión: es encubrimiento estadístico.
Ni Una Menos no fue un punto de llegada, fue un punto de partida. En estos diez años, las políticas públicas impulsadas por el movimiento feminista permitieron que más mujeres reconozcan las señales de violencia, busquen ayuda, salven sus vidas. Desmantelar esas conquistas es condenar a muchas a la muerte silenciosa.
Hoy, a una década de aquel 3 de junio de 2015, el reclamo sigue siendo urgente y vigente: Vivas nos queremos. Porque si el Estado no está, las mujeres mueren. Porque prevenir la violencia no es ideología: es obligación.
Nota de redacción
