El exministro de Trabajo bonaerense respaldó la decisión de la CGT de judicializar el nuevo DNU, al que calificó de «inconstitucional». Además, advirtió que la medida promueve un clima de represión e intimidación.
El exministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, cuestionó con dureza el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 con el que el Gobierno nacional restringió el derecho a huelga en una amplia variedad de actividades. En diálogo con Código Baires, consideró que se trata de un nuevo avance autoritario de Javier Milei y destacó la estrategia judicial impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) como una respuesta adecuada: “Creo que es muy acertada la posición asumida por la CGT de judicializar la cuestión”.
Para Cuartango, el problema no solo está en el contenido del decreto, sino en su forma. “El Decreto de Necesidad y Urgencia es una herramienta excepcional porque está violando el principio de división de poderes, que es una de las esencias del sistema republicano de Gobierno”, remarcó. Y agregó: “Es inconstitucional e irracional que sea más fácil sacar un Decreto de Necesidad y Urgencia que aprobar una ley”.
En ese sentido, el exfuncionario también hizo una autocrítica y apuntó contra el peronismo por haber habilitado este tipo de herramientas. “Es cierto también que la ley que lo habilita para hacer este mecanismo fue una ley creada y aprobada por el Justicialismo, es decir que tenemos que hacer una autocrítica en ese sentido”, reconoció. No obstante, diferenció el uso ocasional de los DNU de la estrategia sistemática actual: “No solo que es desaconsejable, sino que es inconstitucional recurrir a ese instrumento por una vía cotidiana con tal de eludir las resoluciones del Congreso de la Nación”.
Al ser consultado sobre el derecho a huelga y los servicios esenciales, Cuartango fue contundente al señalar que “hay una ley y una comisión que actúa en el Ministerio de Trabajo de la Nación que es la Comisión de Garantías, que regula los servicios esenciales y que ha venido trabajando desde largo tiempo con mucha eficacia resolviendo algunos casos puntuales”. Pero advirtió que el nuevo decreto “convierte en excepción la regla y en regla la excepción”, al incorporar una cantidad excesiva de actividades como “esenciales”, lo que en la práctica imposibilita la protesta: “Se prohíben todas las cuestiones que atacan determinados esquemas para aligerar la cuestión”.
El exministro también señaló que el DNU colisiona con normas internacionales. “Va contra la Organización Internacional del Trabajo en tema de servicios esenciales, que tiene solo cinco enumerados”, explicó, y reiteró que “es inconstitucional en su forma y en su contenido”.
Sobre los antecedentes de esta normativa, Cuartango recordó que parte de su contenido ya había sido incluido en el DNU 70/2023 y en la Ley Bases, y que ya fue objetado por la Justicia. Por eso insistió: “Por eso digo que es muy acertado el camino de la CGT de judicializar el tema”.
Además, advirtió sobre las posibles consecuencias de una escalada de confrontación política. “La resistencia callejera va a generar violencia, porque están dispuestos a reprimir en este Gobierno. Lo ha demostrado y ha dado clases geniales en ese sentido, incluso el aparato represivo que montó es imponente, con los equipamientos que tiene. No hay plata para jubilados, ni para los remedios, ni para los discapacitados, pero sí hay plata para las fuerzas represivas”.
“Por eso digo que es muy acertado el camino de la CGT de judicializar el tema”.
En ese contexto, Cuartango criticó el despliegue de fuerzas de seguridad durante la represión a una manifestación de jubilados. “¿Qué tiene que hacer Prefectura Naval en una marcha de jubilados? Prefectura está creada para cubrir el litoral marítimo y pluvial, la seguridad marítima. Y la Gendarmería en la zona fronteriza. Pero están todos fuera del Congreso por una marcha de jubilados”, apuntó. Y añadió: “La finalidad que tiene es intimidar a la población, que se viva con miedo”.
Para Cuartango, “todo parecería apuntar a cercenar el derecho a la protesta”. Y aunque reconoció que “había que morigerar” los cortes piqueteros, propuso soluciones institucionales en lugar de una represión generalizada: “Eso se podría haber hecho como en otros países, en poner carriles que respeten la libre circulación y otros para marchar. Pero para hacer tabla rasa con el derecho de protesta, que además es uno de los derechos humanos garantizados en todos los tratados internacionales… eso no”.
Finalmente, reclamó un marco de acuerdos políticos más amplios para discutir este tipo de reformas: “Estas cuestiones se tienen que resolver en forma conjunta y consensuada por los espacios políticos, por lo menos los mayoritarios, porque de lo contrario es una imposición que va a cambiar cuando caiga el gobierno”. Y concluyó: “Nuestro destino como país tiene que ser tener un proyecto común en los grandes temas y en los grandes tratos. Políticas de Estado permanentes a las cuales cada Gobierno les puede poner su impronta pero no las debe hacer girar 180 grados. Así vamos en un mal camino”.
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