El anuncio de la habilitación del “dólar del colchón” abre una etapa de sinceramiento monetario que blanquea décadas de fuga y encubre un modelo de exclusión. Entre la desregulación total, la bicicleta financiera y la primarización exportadora, se consolida un esquema de acumulación regresiva que premia a los grandes tenedores de divisas y castiga al trabajo.
El anuncio del gobierno nacional de un proyecto para legalizar el uso del dólar informal —esos billetes atesorados fuera del sistema financiero, fruto de años de desconfianza, devaluaciones y fuga de capitales— marca un punto de inflexión en la política económica argentina. Bajo el ropaje de la “libertad monetaria” y con el argumento de la eficiencia fiscal, la medida no sólo blanquea la informalidad estructural del mercado cambiario, sino que institucionaliza un modelo de acumulación basado en la valorización financiera y la extranjerización del ahorro nacional.
Blanqueo sin producción
Lejos de representar un proceso de formalización en términos productivos o laborales, la habilitación del “dólar del colchón” como instrumento de pago legal es un gesto de rendición del Estado ante los grandes tenedores de divisas. Sin requisitos de origen ni trazabilidad, quienes hayan fugado capitales durante décadas —en muchos casos de forma ilegal— podrán ahora reintroducir esos dólares en el circuito económico sin penalización, sin impuestos, y sin aportar al desarrollo nacional.
Este sinceramiento del sistema no es neutro: reconfigura las reglas del juego a favor del capital concentrado y consagra un modelo donde los únicos actores plenamente habilitados a operar son los que acumularon fuera del radar estatal. Se trata de un blanqueo implícito sin contraprestaciones, que se inscribe en la misma lógica que el DNU de desregulación total de la economía: liberar todas las fuerzas del mercado, sin considerar los efectos sociales, territoriales o distributivos.
De la fuga al privilegio
Según estimaciones privadas y organismos internacionales, los argentinos poseen entre 250.000 y 300.000 millones de dólares fuera del sistema bancario local. Una parte significativa de esos fondos se encuentra en cajas de seguridad, cuentas offshore, o directamente en domicilios particulares. Legalizar su uso como medio de pago es, en los hechos, institucionalizar la fuga.
Esta medida, sin embargo, no apunta a recuperar el ahorro para el financiamiento del desarrollo, ni a fortalecer la soberanía monetaria. Al contrario: implica un nuevo ciclo de valorización financiera que premia al que fugó y castiga al que produce. Se consolida así un modelo donde el dólar es rey, la industria se rezaga y la especulación se vuelve política de Estado.
El nuevo consenso neoliberal
El “modelo Milei” se estructura sobre tres pilares: desregulación total, primarización exportadora y valorización financiera. La legalización del dólar informal forma parte del tercer eje. En paralelo, se promueve un esquema de tasas reales positivas, apertura financiera irrestricta, desarme regulatorio del Banco Central y eliminación de trabas a la entrada y salida de capitales.
Este cóctel reactiva una dinámica ya conocida por la economía argentina: alto endeudamiento externo, ingreso de dólares golondrina, atraso cambiario, consumo de reservas y fuga. A diferencia del ciclo 2016-2019, esta vez el gobierno no busca maquillar el modelo con discursos desarrollistas o gradualistas. La exclusión es parte explícita del programa. Y el ajuste, lejos de ser un remedio transitorio, es un componente estructural del nuevo orden económico.
Consecuencias geopolíticas y sociales
Más allá de su impacto monetario inmediato, esta legalización plantea un dilema de fondo: ¿puede una economía avanzar hacia el desarrollo si legaliza la fuga y penaliza el trabajo? ¿Puede construirse soberanía económica cuando el ahorro nacional es absorbido por mecanismos financieros orientados al exterior?
La medida también envía una señal geopolítica clara: Argentina se alinea con los intereses del capital financiero global, renunciando a herramientas básicas de regulación y planificación. En un contexto mundial donde grandes potencias revalorizan el rol del Estado y la política industrial, el país opta por un camino inverso, cada vez más periférico y dependiente.
¿Hacia un país para pocos?
El rumbo actual consolida una Argentina dual: una economía “oficial” en pesos, con salarios deteriorados y consumo restringido, y una economía “real” dolarizada, donde operan los que tienen acceso a las divisas. Esta fractura profundiza la desigualdad estructural y tensiona la convivencia democrática. Legalizar el dólar informal puede ser, en lo inmediato, un alivio para ciertos sectores exportadores o inmobiliarios, pero en el mediano plazo amenaza con consagrar un país para pocos, donde el trabajo, la producción y la soberanía quedan subordinados al altar de la especulación.
Por Redacción DATA POLÍTICA Y ECONÓMICA
