El procurador Eduardo Casal solicitó a la Corte Suprema agravar la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Busca sumar el delito de asociación ilícita, ya descartado por falta de pruebas. El avance judicial reaviva las denuncias de persecución política y pone en tensión el escenario político argentino.
Por Redacción Data Política y Económica
En una maniobra que vuelve a encender las alarmas sobre la judicialización de la política en Argentina, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema que agrave la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, elevándola de 6 a 12 años de prisión por el presunto delito de asociación ilícita. La figura había sido expresamente descartada por el Tribunal Oral Federal N°2, que en diciembre de 2022 la condenó por administración fraudulenta, pero no encontró pruebas suficientes para sostener la existencia de una organización criminal estructurada.
La solicitud de Casal, realizada a instancias del fiscal general Mario Villar, también incluye la revocación de la absolución del exministro de Planificación Julio De Vido y un pedido de mayor decomiso de bienes a la expresidenta. La causa Vialidad, que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, vuelve así al centro del tablero político y judicial.
Una figura ya descartada
El punto más controversial del planteo de Casal es la insistencia en la acusación por asociación ilícita, una figura penal que implica la existencia de una estructura delictiva organizada y con roles definidos. Esta calificación fue descartada en el fallo de primera instancia por el propio Tribunal Oral Federal N°2 por falta de sustento probatorio. El tribunal subrayó que no se pudo demostrar la existencia de una organización criminal encabezada por la expresidenta, ni que Cristina Kirchner hubiera dado órdenes para delinquir.
A pesar de ello, Casal sostiene que la Cámara incurrió en una «arbitrariedad manifiesta» al no tener en cuenta ciertos argumentos del Ministerio Público Fiscal y por haber hecho una «interpretación errónea» de la figura penal. La presentación se enmarca en un contexto político altamente polarizado, donde cada decisión judicial sobre el liderazgo kirchnerista es leída en clave electoral.
Lawfare y persecución judicial
Para amplios sectores del arco político, sindical y académico, esta escalada judicial forma parte de una estrategia sistemática de persecución política mediante el uso del sistema judicial, lo que se conoce como lawfare. Este concepto —acuñado en América Latina tras los casos de Lula da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador— denuncia el uso selectivo del aparato judicial para proscribir a líderes populares y evitar que compitan electoralmente.
En 2022, cuando se conoció la sentencia inicial contra la vicepresidenta, diversos organismos de derechos humanos y juristas internacionales denunciaron irregularidades procesales y una marcada intencionalidad política en las investigaciones. La reciente ofensiva de Casal parece reafirmar esa lectura: la judicialización del liderazgo de Cristina Kirchner aparece como un intento de intervención en la disputa política desde fuera de las urnas.
Un impacto político de alto voltaje
Más allá del plano judicial, el pedido del procurador podría tener un fuerte impacto en el escenario político. Cristina Fernández de Kirchner no ha confirmado su candidatura a ningún cargo para 2025, pero sigue siendo la figura de mayor peso dentro del campo nacional y popular. Una inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, en caso de que prospere la condena a 12 años, tendría consecuencias profundas en la dinámica interna del peronismo y en la configuración de las próximas elecciones.
En paralelo, la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre el planteo de Casal. Su decisión no solo definirá el futuro judicial de la expresidenta, sino que también marcará un hito en la relación entre la justicia y la política en la Argentina contemporánea. El máximo tribunal, cuestionado por su cercanía con sectores del poder económico y mediático, tiene en sus manos una resolución que podría agravar aún más la crisis de legitimidad institucional que atraviesa el país.
El trasfondo de una causa emblemática
La causa Vialidad surgió como uno de los principales frentes judiciales contra el kirchnerismo. Se centra en 51 obras públicas adjudicadas en Santa Cruz, de las cuales 26 fueron finalizadas. Sin embargo, la defensa de Cristina Kirchner ha sostenido —con peritajes y testimonios— que no hubo perjuicio económico comprobado al Estado y que la selección de las obras y adjudicatarios se ajustó a los procedimientos administrativos vigentes.
Además, se ha cuestionado la imparcialidad del proceso, el papel de los jueces intervinientes y la cobertura mediática que, desde el inicio, promovió una narrativa de culpabilidad. En ese marco, la figura del lawfare ha ganado cada vez más consenso como clave de lectura para entender no solo esta causa, sino también el uso político del poder judicial en América Latina.
El intento de recrudecer la condena contra Cristina Kirchner reabre no solo una causa judicial, sino un debate crucial sobre la salud democrática del país. ¿Se trata de una aplicación rigurosa de la ley o de una operación política encubierta en ropajes judiciales? Mientras la Corte se prepara para emitir su veredicto, la sociedad argentina sigue observando con atención y desconfianza los movimientos de un sistema que, cada vez más, parece jugar un papel político antes que institucional.
