Una estrategia que combina tribunales, medios y legisladores para deslegitimar a líderes populares y consolidar el neoliberalismo.
En las últimas décadas, América Latina ha sido escenario de una nueva forma de confrontación política: el lawfare. Este término, que fusiona las palabras «law» (ley) y «warfare» (guerra), describe el uso instrumental del sistema judicial, los medios de comunicación y, en ocasiones, el poder legislativo para perseguir y deslegitimar a líderes políticos, especialmente aquellos que desafían el orden neoliberal establecido.
¿Qué es el lawfare?
El lawfare se refiere a la utilización de herramientas jurídicas con fines políticos, donde se manipulan las instituciones judiciales y mediáticas para inhabilitar o desacreditar a adversarios políticos. Esta estrategia no busca solamente sancionar penalmente, sino también erosionar la imagen pública de los líderes mediante campañas de estigmatización que socavan su legitimidad.
En América Latina, esta táctica ha sido utilizada para neutralizar a figuras políticas que promueven modelos alternativos al neoliberalismo, afectando la dinámica democrática y el equilibrio de poderes en varios países.
Brasil: Lula da Silva y la Operación Lava Jato
Uno de los ejemplos más paradigmáticos del lawfare en América Latina es el caso del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En 2017, fue condenado a más de nueve años de prisión por presunta corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la Operación Lava Jato. El juez a cargo, Sérgio Moro, luego fue premiado con el cargo de ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, principal beneficiario político de la inhabilitación de Lula.
En 2021, la Corte Suprema de Brasil anuló las condenas, al comprobar la parcialidad de Moro y la coordinación irregular con los fiscales. Las filtraciones del escándalo conocido como Vaza Jato confirmaron el uso del Poder Judicial como herramienta de intervención política.
Cristina Fernández de Kirchner y la maquinaria judicial-mediática-legislativa
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner ha enfrentado desde 2015 una intensa ofensiva judicial y mediática. La causa «Vialidad» —emblema del uso judicial del lawfare— la condenó en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en diciembre de 2022. Esta sentencia fue confirmada en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal en 2023, y actualmente la Corte Suprema analiza el caso.
Aunque el fallo definitivo aún no se dictó, el juez Ricardo Lorenzetti ha dado señales de querer acelerar el pronunciamiento, mientras el resto de los miembros del máximo tribunal mantiene un prudente silencio. Esta expectativa constante de una posible condena definitiva funciona como una espada de Damocles sobre la figura de la expresidenta, condicionando sus movimientos políticos y los del peronismo.
En paralelo, el dispositivo mediático ha sido clave para legitimar la narrativa de una «corrupción estructural kirchnerista», alimentando una condena social previa a cualquier resolución judicial.
Pero el operativo de proscripción no se limitó a los tribunales ni a los medios. También se buscó avanzar desde el Congreso Nacional mediante el proyecto de “Ficha Limpia”, una iniciativa impulsada por sectores de la oposición que pretendía impedir la candidatura de cualquier persona con condena judicial, aunque no estuviera firme. De haberse aprobado, la ley habría completado el círculo de inhabilitación política de Cristina, aún antes de que se agotaran todas las instancias judiciales, violando principios básicos del debido proceso y la presunción de inocencia.
El fracaso del proyecto en el Senado en 2024 representó un freno al avance del lawfare por vía legislativa y fue celebrado como una victoria del campo popular, que logró sostener un dique institucional frente a una ofensiva que apuntaba a borrar a uno de los principales liderazgos del país por vía judicial y parlamentaria.
Implicancias geopolíticas y mediáticas
El lawfare no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Opera como una estrategia articulada, donde confluyen intereses judiciales, mediáticos, empresariales y, muchas veces, geopolíticos. Las conexiones con agencias y fundaciones extranjeras, así como con grandes medios concentrados, revelan que detrás de cada operación judicial hay una arquitectura compleja que trasciende las fronteras nacionales.
Los medios juegan un rol crucial: instalan el relato, amplifican acusaciones, criminalizan sin pruebas, y moldean la opinión pública. Así, el juicio social y mediático suele anticiparse al jurídico, con efectos demoledores sobre la legitimidad de los dirigentes populares.
Consecuencias para la democracia
La instrumentalización de la justicia para fines políticos socava el estado de derecho y profundiza la crisis de representación. Lejos de fortalecer las instituciones, las convierte en herramientas de persecución y disciplinamiento. Los procesos son selectivos: mientras algunos dirigentes son perseguidos con dureza, otros gozan de impunidad garantizada por los mismos operadores judiciales.
Esta lógica atenta contra la posibilidad misma de pensar alternativas políticas. El mensaje es claro: quien desafíe los intereses del poder económico, financiero o mediático, será perseguido, condenado y proscripto.
Reflexión final
El lawfare se ha transformado en una sofisticada forma de intervención política y proscripción de liderazgos populares en América Latina. En lugar de tanques, se utilizan togas y micrófonos. En lugar de golpes de Estado, se articulan golpes institucionales.
Frente a esta realidad, la defensa del debido proceso, de la independencia judicial y del pluralismo político se vuelve una tarea urgente. Y como demostró el rechazo al proyecto de Ficha Limpia en el Senado argentino, la organización popular y la conciencia democrática siguen siendo barreras fundamentales frente a estas nuevas formas de autoritarismo legalista.
AM
