Aunque el país lidera la región en startups de base científica, la desfinanciación del sistema de ciencia y tecnología amenaza con frenar una de sus pocas ventajas estratégicas de desarrollo.
Argentina ha sido, históricamente, un referente en ciencia y tecnología en América Latina. A pesar de las recurrentes crisis macroeconómicas, logró posicionarse como líder regional en el desarrollo de startups deep tech —empresas basadas en ciencia de frontera y tecnología disruptiva—, gracias a una sólida tradición de inversión pública en conocimiento. Sin embargo, este ecosistema enfrenta hoy su mayor amenaza en años: el ajuste presupuestario impuesto por el gobierno de Javier Milei, que ha puesto en jaque el futuro de cientos de proyectos científicos y tecnológicos.
Según un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Argentina concentra 103 de las aproximadamente 350 startups deep tech de América Latina. Es decir, casi un tercio del total. Estas empresas, en su conjunto, están valuadas en unos 1.900 millones de dólares y abarcan sectores como biotecnología, energía, salud, nanotecnología y agrotech. Su consolidación fue posible por una articulación virtuosa entre ciencia pública, recursos humanos calificados y nuevas formas de emprendedurismo científico. Pero todo ese entramado empieza a crujir.
Un ecosistema basado en el conocimiento público
El auge de las deep tech argentinas no fue espontáneo. Se gestó sobre décadas de inversión estatal en organismos como el CONICET, el INTA, la CNEA, la CONAE y las universidades públicas. Desde esos espacios surgieron los desarrollos científicos y los equipos profesionales que alimentaron a estas empresas. A lo largo de los últimos 10 años, instituciones como GridX, SF500, CITES y Aceleradora Litoral —llamados company builders científicos— ayudaron a transformar descubrimientos en empresas de alto impacto.
Sin embargo, esa sinergia entre ciencia pública y emprendimiento privado se ve gravemente amenazada por la política del actual gobierno, que ha decidido recortar drásticamente los presupuestos de ciencia, tecnología y educación superior. En los primeros meses de 2024, el Ministerio de Capital Humano congeló partidas clave para el funcionamiento del CONICET, suspendió becas, paralizó pagos a investigadores y dejó sin financiamiento programas estratégicos de innovación tecnológica.
El freno a la ciencia aplicada
La desfinanciación no solo afecta la investigación básica, sino también la aplicada: proyectos que ya venían articulando con empresas o incubadoras para su comercialización. La Agencia I+D+i, que hasta ahora canalizaba fondos como EMPRETECNO o los ASETUR, vio recortado su presupuesto a mínimos históricos. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), que invertía en startups de base tecnológica, también se encuentra en situación crítica.
Esto provoca un efecto cascada: se frenan las transferencias de tecnología, se pierde capital humano que migra al exterior o al sector privado extranjero, y se interrumpe el vínculo entre ciencia y producción. Muchas startups que nacieron de proyectos públicos hoy enfrentan un escenario de aislamiento, sin acceso a laboratorios, sin vinculación con investigadores y sin financiamiento local para escalar.
Riesgo de “fuga” y extranjerización
En este contexto, muchas de las deep tech argentinas enfrentan una decisión difícil: internacionalizarse o morir. La falta de capital paciente local —agravada por el desarme de los programas públicos— obliga a las empresas a buscar financiamiento en el exterior. Esto, a menudo, implica mudarse a otras jurisdicciones, con mejores marcos regulatorios y fiscales, y terminar desarrollando su negocio lejos del país donde nació la tecnología.
El riesgo es doble: no solo se pierde la empresa, sino que también se pierde el conocimiento, la propiedad intelectual y el empleo de calidad. En lugar de exportar tecnología, Argentina empieza a exportar científicos, emprendedores y startups. Se profundiza así el proceso de fuga de cerebros y se debilita la posibilidad de construir una economía basada en el conocimiento.
Una política sin estrategia
El gobierno de Milei ha justificado el ajuste con argumentos de eficiencia fiscal, denunciando supuestos «curros» en el CONICET y deslegitimando el rol de la ciencia pública. Pero detrás del discurso de motosierra, se está destruyendo una de las pocas ventajas competitivas genuinas que tiene Argentina para el siglo XXI: su capacidad de generar ciencia de calidad y convertirla en innovación productiva.
Lejos de delinear una estrategia nacional de desarrollo científico-tecnológico, la actual gestión ha optado por el desmantelamiento del sistema. Las oficinas de vinculación tecnológica no reciben apoyo, las universidades enfrentan cortes de luz por falta de pago y las incubadoras regionales ya no cuentan con asistencia oficial para acompañar emprendimientos.
Potencial truncado
Pese a todo, el potencial sigue existiendo. La base científica aún está viva, aunque precarizada. Las redes entre investigadores, inversores y emprendedores aún operan, aunque con enormes dificultades. Y las startups deep tech creadas en la última década han demostrado que es posible transformar ciencia en desarrollo, incluso en condiciones adversas.
Pero ese potencial necesita oxígeno, no motosierra. Requiere financiamiento sostenido, reglas claras, articulación público-privada y un Estado que no reniegue de la planificación, sino que la potencie. El desarrollo no es un milagro del mercado ni un efecto secundario del ajuste: es el resultado de políticas deliberadas y sostenidas en el tiempo.
Argentina todavía puede ser un polo científico-productivo en América Latina. Pero para lograrlo necesita una política de Estado que entienda que la ciencia no es gasto, sino inversión. Y que el conocimiento, lejos de ser una casta, es el camino más corto hacia la soberanía y el desarrollo.
