Paro nacional de colectivos: el conflicto que deja al país sin transporte público
Desde la medianoche del martes 6 de mayo, más de 300 líneas de colectivos de corta y media distancia quedarán paralizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en numerosas provincias del interior del país. La medida de fuerza, convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se confirmó tras el estancamiento en las negociaciones paritarias y la falta de respuestas por parte del Gobierno y las cámaras empresarias del sector.
El paro afectará a millones de usuarios que utilizan a diario el transporte público para trabajar, estudiar o realizar actividades esenciales. En el interior del país, se esperan interrupciones totales o parciales en provincias como Córdoba, Rosario, Tucumán y Neuquén. Aunque en algunas localidades podría haber negociaciones de último momento, la mayoría de las seccionales han confirmado su adhesión a la medida.
Un reclamo salarial que no encuentra eco
La raíz del conflicto se encuentra en la exigencia de un aumento del salario básico de los choferes, que ronda actualmente los $1.200.000 y que la UTA pretende llevar a $1.700.000. La propuesta empresarial, que ofrece un incremento de apenas un 6% a partir de junio, fue rechazada de plano por el gremio, que considera insuficiente ese ajuste en un contexto de inflación acumulada que ya supera el 280% interanual.
“El poder adquisitivo de los trabajadores se deteriora día a día. No vamos a permitir que sigan licuando nuestros salarios”, señaló el secretario general del sindicato, Roberto Fernández. A su vez, la UTA denunció que la Resolución 8/2025 de la Secretaría de Transporte, que congela los incrementos salariales hasta junio, empeora aún más la situación.
Tensión en el Gobierno y cambio de interlocutores
La reciente salida del secretario de Transporte, Franco Mogetta, y la llegada de su reemplazante, el empresario mendocino Luis Pierrini, introduce más incertidumbre en el conflicto. Pierrini asumirá en medio de una crisis que exige decisiones urgentes y capacidad de negociación. Sin embargo, desde la UTA descreen que se logren avances en el corto plazo y han descartado acatar nuevas conciliaciones obligatorias sin compromisos reales.
“La medida está confirmada. No tengan ninguna esperanza”, declaró Gabriel Guzzo, secretario gremial del sindicato, en diálogo con Urbana Play. A última hora del lunes, el Ministerio de Trabajo convocó a una reunión, pero el gremio ya anticipó que no aceptará nuevas dilaciones.
Usuarios a la deriva
El paro nacional afectará profundamente a quienes dependen del colectivo como único medio de transporte. Sin opciones accesibles, muchas personas deberán recurrir a trenes, remises o aplicaciones de movilidad, que podrían verse desbordadas. En redes sociales, las quejas se multiplican: “Otra vez la UTA, y los que pagamos el pato somos los de siempre”, escribió un usuario en X (ex Twitter).
Las autoridades locales de distintas ciudades aún no han anunciado medidas paliativas. En muchos casos, se evalúan esquemas de emergencia para garantizar servicios esenciales, aunque los recursos disponibles son limitados.
Empresas en rojo, subsidios en retirada
Por su parte, las cámaras empresariales, agrupadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), aseguran que sin una actualización tarifaria o nuevos subsidios estatales, es imposible sostener los salarios que reclama el gremio. “El aumento del combustible, los repuestos y el mantenimiento hacen inviable el servicio sin apoyo financiero. No podemos afrontar aumentos sin recursos”, sostienen.
El transporte público, fuertemente subsidiado durante los últimos años, enfrenta hoy un ajuste fiscal severo en el marco de la política económica del Gobierno nacional. La reducción de aportes estatales pone en jaque no solo el salario de los trabajadores, sino también la continuidad del servicio en muchas regiones del país.
Una crisis que va más allá del paro
La huelga del martes no es un hecho aislado. Es parte de un conflicto estructural que viene escalando desde hace meses y que pone en evidencia la crisis del modelo de transporte público en Argentina. Un sistema altamente subsidiado, desfinanciado y tensionado entre los intereses de los trabajadores, las empresas y el Estado.
Mientras el paro paraliza a gran parte del país, la solución aún parece lejana. Si no se logra un nuevo esquema de financiamiento que combine tarifas justas, subsidios equilibrados y salarios dignos, este tipo de conflictos se volverán cada vez más frecuentes. La pregunta que queda flotando es: ¿quién paga el costo de un sistema que ya no puede sostenerse?
