En varios distritos bonaerenses, los intendentes de Saavedra-Pigüé y Guaminí implementaron reducciones salariales, congelamientos y suspensión de subsidios para afrontar la caída de fondos coparticipables y la caída de la recaudación propia, tras las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional bajo Javier Milei.
En el primer cuatrimestre de 2024, las transferencias discrecionales a las provincias se redujeron un 89,5 % respecto al año anterior, según Chequeado. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires perdió casi 11 puntos de coparticipación y $3,5 billones en 2024, según Infocielo. Además, el Ejecutivo nacional eliminó el Fondo de Fortalecimiento de la Provincia por $873.765 millones, de acuerdo a La Nación. Estas bajas de recursos explican las medidas drásticas adoptadas en distritos de la Sexta Sección electoral, donde intendentes de extracción vecinalista y massista recurrieron a recortes de hasta el 13 % en salarios y congelamientos de todas las categorías municipales.
Contexto económico y político
La llegada de Javier Milei a la Presidencia vino acompañada de una “motosierra” presupuestaria que redujo drásticamente las partidas para provincias y municipios, profundizando la tensión con gobernadores de distintos signos políticos . La concentración de poder presupuestario mediante la prórroga del presupuesto 2024 sin intervención parlamentaria potenció el ajuste unilateral sobre transferencias discrecionales. En este escenario, los márgenes de maniobra de los ejecutivos locales se estrecharon, obligando a muchas comunas bonaerenses a declarar la emergencia económica y aplicar severas medidas de austeridad para garantizar servicios básicos.
Caso Saavedra-Pigüé
El intendente Matías Nebot, alineado con el massismo pero encabezando el espacio vecinalista, anunció un recorte del 13 % en los sueldos de planta política, concejales y trabajadores municipales . La medida, presentada en un video institucional, se dividirá en dos tramos de 6,5 % en mayo y junio, y se extenderá hasta fin de año. Nebot decidió además donar el 13 % de su propio salario y responsabilizó a ciertos medios y opositores de difundir “calumnias” que, advirtió, serán repudiadas judicialmente. La propuesta fue validada por la asamblea de trabajadores municipales, según informó el sindicato AMRA .
Caso Guaminí
En Guaminí, el intendente José Augusto Nobre Ferreira decretó la emergencia económica y congeló los salarios de todo el personal municipal, además de limitar al mínimo el pago de horas extras . La comuna, afectada también por una severa emergencia hídrica que demandó gastos extraordinarios para reparar caminos y puentes rurales, suspendió subsidios institucionales y sociales y paralizó ingresos de nuevo personal. No obstante, los sueldos de abril se abonaron con un incremento del 7,5 % sobre el básico, en un intento por mitigar el impacto en los trabajadores.
Impacto en otros municipios y proyecciones
Fuentes oficiales advierten que la pérdida de ingresos por coparticipación podría alcanzar los $3.000 millones en algunos distritos durante 2025, obligando a más intendentes a adoptar planes de ajuste similares. Este fenómeno ya registra réplicas en varias comunas de la Provincia, donde se combinan la caída de la recaudación local con el encarecimiento de insumos y obras públicas . Organismos provinciales estiman que, de mantenerse el ritmo de reducción de fondos, podrían sumarse al menos otros diez municipios en estado de emergencia antes de agosto de 2025.
Repercusiones políticas y sociales
La tensión entre la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof se profundizó tras estos anuncios, con fuertes críticas de la Provincia al “ajuste que golpea a la casta pero deja fuera a la gente”. Desde el peronismo bonaerense se denuncia que estas medidas no sólo afectarán la prestación de servicios sino que también desfinanciarán programas sociales esenciales en el interior provincial. Organizaciones de trabajadores municipales advierten sobre movilizaciones si no se reabren las negociaciones salariales antes de mitad de año.
Conclusión
Frente a un ajuste nacional que redefine el flujo de recursos hacia los territorios, los municipios bonaerenses del interior se ven obligados a tomar decisiones extremas para garantizar el pago de sueldos y el mantenimiento de servicios básicos. Mientras intendentes de distintos signos políticos coinciden en la necesidad de austeridad, crece el debate sobre la sostenibilidad de estas medidas y su impacto social, en un contexto donde la disputa por los fondos coparticipables se ha convertido en el gran desafío de la gestión local en 2025.
