El gobierno de Javier Milei consolidó su alianza con el FMI y el capital financiero global al anunciar una nueva etapa de su programa económico: fuerte devaluación, apertura indiscriminada, reforma laboral y previsional regresiva, y un nuevo endeudamiento que reedita la lógica de la fuga. ¿Quiénes ganan y quiénes pagan la fiesta?
El nuevo experimento ortodoxo en Argentina ya tiene nombre oficial: “Fase 3”.
Así lo presentó el presidente Javier Milei en cadena nacional el viernes 11 de abril, acompañado de un paquete de medidas que marca el rumbo definitivo de su política económica: más ajuste, más deuda, más apertura, menos Estado. Un camino aplaudido sin matices por el Fondo Monetario Internacional, que celebró los anuncios apenas minutos después.
El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó una nueva devaluación del 30%, estableciendo un sistema de bandas cambiarias entre $1.000 y $1.400, junto con una flexibilización parcial del cepo cambiario. Las medidas se enmarcan en el flamante acuerdo con el FMI, que habilita un préstamo de 20.000 millones de dólares, con un primer desembolso de u$s 12.000 millones. Todo en tiempo récord, con la intermediación clave del secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, quien arriba esta semana a Buenos Aires para reforzar el respaldo estadounidense a las reformas.
Pero detrás del relato de “estabilidad”, se esconde una nueva entrega de soberanía: el préstamo, calificado por especialistas como ilegal y odioso, reproduce el esquema de la era Macri. Deuda para fuga, no para inversión. El Banco Central vendió 400 millones de dólares en la víspera de la devaluación —lo que huele a información privilegiada—, y las reservas ya se dilapidaron en más de 5.000 millones en apenas tres meses.
El gobierno apuesta todo al déficit cero como dogma. Para lograrlo, el acuerdo con el FMI exige una ley que garantice su permanencia más allá del mandato de Milei. ¿Cómo se implementa? Recorte de subsidios a la energía y el transporte, eliminación de agencias estatales, privatización de empresas públicas, reforma tributaria regresiva, flexibilización laboral y reforma previsional. Un paquete que reedita el ideario neoliberal de los años 90.
La inflación, lejos de ceder, dio un nuevo salto en marzo: 3,7%, con los alimentos al tope (5,9%). El acumulado anual marca un 8,6% en apenas tres meses. El congelamiento del gasto público y el deterioro del salario estatal y jubilatorio son las únicas herramientas que sostienen una ilusión de desaceleración. Pero con un nuevo tipo de cambio más alto y sin controles efectivos, los precios volverán a empujar hacia arriba.
El documento del FMI es explícito: para garantizar la sostenibilidad del programa, Argentina debe avanzar en reformas “estructurales”. En lo laboral, se busca facilitar despidos, eliminar regulaciones y debilitar la negociación colectiva. En lo previsional, se baraja subir la edad jubilatoria, aumentar los años de aportes y reinstaurar un sistema mixto con cuentas de capitalización individual, similares a las extintas AFJP.
Mientras tanto, los grandes actores del capital celebran. Desde la Sociedad Rural y los bancos, hasta la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara de Comercio norteamericana (AmCham) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), todas las entidades empresarias apoyaron sin fisuras las medidas. El gobierno deja en claro para quién gobierna.
La economía real, sin embargo, se desploma: la actividad industrial cayó 12% en el primer trimestre y más del 60% de los hogares ya se ubican bajo la línea de pobreza. Como advierte el economista Horacio Rovelli, cada salto del dólar es una caída directa del salario real. La flexibilización laboral que impulsa Milei es funcional al disciplinamiento de los trabajadores: despedir será más fácil, los sindicatos estarán más debilitados, y el ingreso se ajustará vía desempleo.
En este contexto, el arribo de Scott Bessent simboliza algo más que un respaldo diplomático: es la garantía de que el modelo argentino responde a los intereses del capital financiero global, no a las necesidades del pueblo. Ex socio de Soros y hombre fuerte de BlackRock, Bessent fue clave para destrabar el nuevo acuerdo con el FMI. Su presencia reafirma el alineamiento absoluto del gobierno argentino con la estrategia geoeconómica de Washington y su subordinación económica y financiera a los fondos buitres.
El experimento libertario ya muestra su verdadera cara: una combinación de monetarismo recesivo, represión del conflicto social y subordinación externa. La “Fase 3” no significa crecimiento, ni inversión productiva, ni redistribución del ingreso. Significa vía libre para los grandes jugadores del mercado, y cerrojo para los derechos de las mayorías.
La pregunta política es urgente: ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse este experimento sin estallar por los aires? La respuesta no depende solo del gobierno, sino de la capacidad de las fuerzas opositoras de construir una alternativa con anclaje popular, que denuncie la nueva deuda como lo que es —una hipoteca impuesta desde afuera— y que logre articular un horizonte distinto, donde el Estado vuelva a ser un motor del desarrollo y garante de derechos y no un aparato al servicio de la especulación financiera y el saqueo.
NR
