Este 24 de marzo, a 49 años del golpe cívico-militar de 1976, miles de personas se movilizaron en todo el país para conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En un hecho inédito desde 2005, las organizaciones de derechos humanos, junto con distintos sectores políticos y sociales, consensuaron un documento único que repudió el negacionismo promovido desde el Gobierno de Javier Milei y denunció el ajuste económico y la represión estatal.
Unidad en la diversidad: un documento histórico
En la lectura del documento conjunto, los referentes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia subrayaron la vigencia del reclamo por los 30.000 desaparecidos y la necesidad de continuar la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la dictadura. «Seguimos exigiendo: ¿Dónde están?», reclamó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, instando a la sociedad a aportar información sobre posibles casos de apropiación de identidad.
En el acto central en Plaza de Mayo, también se denunció la crisis social y económica provocada por las políticas de ajuste del gobierno libertario. «El plan económico que hoy se está ejecutando es una continuidad de la miseria planificada que denunciara Rodolfo Walsh hace 48 años», afirmaron desde el escenario, recordando la histórica Carta Abierta a las Juntas Militares del periodista asesinado por la dictadura.
Represión y ajuste: ejes de la crítica
El documento también condenó la creciente criminalización de la protesta social bajo la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «Repudiamos el protocolo antipiquetes, la violencia policial y el hostigamiento a periodistas», afirmaron los organismos de derechos humanos, recordando la agresión sufrida por el fotoperiodista Pablo Grillo, quien fue herido por una granada lacrimógena disparada por las fuerzas de seguridad.
Asimismo, se denunció el desmantelamiento de políticas públicas de memoria y el ataque a organismos de derechos humanos desde el oficialismo. En este sentido, se mencionaron los discursos negacionistas impulsados por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien intentó instalar la idea de una «memoria ideologizada» y relativizar los crímenes de lesa humanidad.
La responsabilidad empresarial y la continuidad de un modelo de exclusión
Los organismos también se refirieron al rol de las grandes corporaciones que se beneficiaron con la dictadura y que hoy apoyan las políticas del gobierno de Milei. «Los Blaquier, los Noble Herrera, los Rocca, los Macri, la Ford y la Mercedes Benz fueron cómplices del genocidio y hoy siguen impulsando un modelo de exclusión y precarización», denunciaron.
En la misma línea, el documento repudió el acuerdo con el FMI y exigió «plata para jubilaciones, salud y educación, no para la deuda». También se reclamó un paro general a las centrales sindicales y un plan de lucha contra el ajuste.
Memoria y resistencia
La jornada también estuvo marcada por homenajes a víctimas de la represión estatal en democracia, como Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Facundo Castro. Además, se reiteró el pedido de justicia por Jorge Julio López, desaparecido en 2006 tras testificar contra el genocida Miguel Etchecolatz.
Sobre el cierre, los organismos reafirmaron el compromiso de seguir luchando por un país con memoria, verdad y justicia: «El pueblo tiene memoria. No nos callamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.»
