La posibilidad de establecer un sistema de bandas cambiarias para el dólar oficial está en el centro de las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así lo reconoció este martes el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, quien arrastra un trauma con este mecanismo desde su implementación fallida en 2018, cuando se dilapidaron las reservas del Banco Central.
Pese a los constantes anuncios de un acuerdo inminente, las negociaciones se siguen demorando, mientras el mercado financiero analiza las implicancias de la medida. En este contexto, el FMI exige una devaluación gradual dentro de un esquema de flotación administrada, algo que ya anticipaban los principales bancos de inversión y que fue confirmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Inicialmente, el organismo pedía un rango entre 1.400 y 1.700 pesos por dólar, pero el Ministerio de Economía logró reducir la banda a un margen de 1.300 a 1.600 pesos.
El impacto de la devaluación encubierta
Detrás del esquema de bandas se esconde, en los hechos, una fuerte devaluación. Para el FMI, lo relevante es el piso de la banda, lo que implica una depreciación inicial superior al 20%. Sin embargo, el Banco Central sólo puede intervenir si el tipo de cambio supera el techo del rango, lo que podría llevar la devaluación por encima del 50%.
El rechazo del sector empresarial es evidente. Durante el encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) de este martes, los principales empresarios del país manifestaron su preocupación. «Si hacen eso, vamos a una espiralización inflacionaria», advirtió el dueño de una de las mayores empresas de energía del país.
Desde el punto de vista técnico, la efectividad de este sistema en Argentina genera dudas. Un economista que participó de la experiencia de 2018 explicó a este medio: «El mercado te toma el tiempo, juega por arriba y por abajo de la banda y te vacía las reservas». Esta visión es compartida por Ricardo Arriazu, uno de los economistas más cercanos a Javier Milei, quien alertó que «si hay flotación compacta como en 2018, va a haber problemas».
Caputo defiende la necesidad de intervenir para estabilizar el dólar, pero el problema es que el Banco Central ya no cuenta con reservas suficientes para sostener esa estrategia. De ahí la urgencia por cerrar un acuerdo con el FMI, que aportaría financiamiento fresco. Sin embargo, el Fondo exige que esos dólares no se utilicen en intervenciones cambiarias, sino en reforzar las reservas. Para ganar tiempo, Caputo propuso eliminar el dólar blend como paso inicial y postergar una devaluación mayor hasta después de las elecciones. Pero el problema sigue siendo «cuándo», no «si».
Efectos sobre precios y salarios
Si bien la discusión se centra en el tipo de cambio, sus efectos sobre los salarios y la inflación son inevitables. Martin Kalos, economista y fundador de la consultora Epyca, explicó que aún si se implementa el sistema de bandas, quedan interrogantes abiertos: «¿Cuál será la tasa mensual de devaluación? ¿Cómo se actualizarán las bandas? ¿Cuántos dólares habrá disponibles para intervenir y sostener el precio?».
Liberar el dólar hasta 1.600 o 1.700 pesos tendrá un fuerte impacto social. Un tipo de cambio más alto genera una transferencia de ingresos desde los asalariados, que cobran en pesos, hacia los sectores con activos dolarizados. Además, la flotación cambiaria podría erosionar el capital político del Gobierno, cuyo principal logro hasta el momento ha sido contener la inflación. «Hoy la inflación tiene un piso del 2,5% mensual difícil de perforar. Con la flotación, el Gobierno perdería su bandera de erradicar la inflación», señaló un economista de la oposición.
En este contexto, el nudo central de la economía argentina vuelve a quedar en evidencia: la estructura productiva genera menos dólares de los que demanda. La discusión sobre la política cambiaria es, en el fondo, un reflejo de este problema estructural que sigue sin resolverse.
