El PE habilitó la negociación de un Programa de Facilidades Extendidas sin precisar montos ni condiciones, mientras el Congreso queda al margen de la decisión.
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida, publicada en el Boletín Oficial, confirma que Argentina buscará un Programa de Facilidades Extendidas (EFF), que otorga hasta 10 años para el pago del capital y un período de gracia de 4 años y medio. Sin embargo, el decreto no especifica el monto del financiamiento ni las condiciones exactas del acuerdo.
Un nuevo endeudamiento sin debate parlamentario
El decreto sostiene que la urgencia de la medida responde a la necesidad de evitar impactos negativos en el escenario económico actual. No obstante, el Gobierno justificó el uso del DNU en lugar de un proyecto de ley al Congreso, argumentando que el Poder Legislativo solo debe aprobar la operación de crédito público, sin intervenir en los términos del acuerdo con el FMI. Esto contradice la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que exige la aprobación parlamentaria para este tipo de compromisos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la decisión alegando que un debate legislativo demoraría la llegada de los fondos que el país necesita con urgencia. De esta manera, el Gobierno evita la instancia parlamentaria y remite el DNU a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde solo un rechazo de ambas Cámaras podría revocarlo.
Destino de los fondos: FMI y Banco Central
El decreto establece que los fondos obtenidos se utilizarán para dos propósitos principales:
- Cancelar vencimientos de la deuda contraída en 2022 bajo el Programa de Facilidades Extendidas.
- Saldar la deuda del Estado con el Banco Central para mejorar la liquidez de las reservas internacionales.
Paradójicamente, el Gobierno argumenta que la «baja calidad del activo del Banco Central» afecta la estabilidad monetaria y financiera, una declaración que contrasta con la postura de Milei de eliminar la entidad monetaria.
Según un informe del banco suizo UBS, el nuevo acuerdo podría alcanzar los USD 20.000 millones, con USD 8.000 millones en desembolsos frescos y el resto destinado a cubrir pagos de capital e intereses durante la gestión de Milei.
Implicancias y reacciones
El uso de un DNU para firmar un acuerdo de esta magnitud genera fuertes críticas en el ámbito político y económico. Analistas advierten que la falta de detalles sobre las condiciones impuestas por el FMI aumenta la incertidumbre. Además, la ausencia de debate legislativo refuerza la preocupación sobre la falta de transparencia en la gestión del endeudamiento.
Mientras tanto, el mercado sigue atento a los movimientos del Gobierno. La posibilidad de nuevos desembolsos podría aliviar temporalmente la presión sobre las reservas del Banco Central, pero a costa de un mayor compromiso financiero a futuro. La incertidumbre persiste, y la sociedad argentina enfrenta nuevamente la sombra de una deuda que parece no tener fin.
