El gobierno nacional ejecuta recortes masivos en el sistema sanitario, cerrando áreas críticas y despidiendo a miles de trabajadores, dejando en vilo a las poblaciones más vulnerables.
En un contexto de ajuste extremo promovido por la administración de Javier Milei, el sistema de salud pública de Argentina enfrenta uno de sus momentos más críticos. La reciente eliminación de áreas fundamentales del Ministerio de Salud y el despido de 1.400 trabajadores marcan un golpe directo a las políticas de prevención y tratamiento de enfermedades vinculadas a la pobreza. Los efectos de estas medidas, justificadas bajo el pretexto de reestructuración, ya se sienten en hospitales y organismos clave.
Un desmantelamiento masivo y sus víctimas directas
El pasado 31 de diciembre, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1138/2024, el gobierno eliminó 15 coordinaciones esenciales del Ministerio de Salud, incluyendo áreas dedicadas a la tuberculosis, lepra y hepatitis virales. Estas enfermedades, estrechamente relacionadas con la pobreza, requieren estrategias integrales de prevención y tratamiento que ahora están en riesgo.
Organizaciones científicas y civiles han denunciado las consecuencias de este desmantelamiento. Según el colectivo Sociedad Científica y Civil en Lucha por la Tuberculosis, Argentina registró un aumento del 11,94 % en los casos de tuberculosis entre 2023 y 2024, con un total de 15.821 diagnósticos. Sin políticas activas, el país se expone a un incremento de cepas multirresistentes, que implican tratamientos más costosos y complicados.
Por su parte, las hepatitis virales afectan a más de 470.000 personas, de las cuales solo el 30 % conoce su diagnóstico. La detección temprana podría evitar complicaciones graves como cirrosis o cáncer hepático, cuyos costos de tratamiento son exponencialmente más altos que los de la prevención.
Despidos sin revisión ni criterio
A los recortes presupuestarios se suma el despido masivo de trabajadores en instituciones clave como el Hospital Nacional Baldomero Sommer, el PAMI y el Hospital Posadas. Según testimonios de empleados y gremios, las desvinculaciones se ejecutaron sin procesos de revisión adecuados. «Sobran 400 empleados», fue el escueto argumento esgrimido en el Sommer, donde ya se han iniciado asambleas y movilizaciones para resistir el ajuste.
Estas medidas también afectan a la Superintendencia de Servicios de Salud, el Instituto Nacional del Cáncer y la ANMAT, instituciones cuya labor resulta fundamental para garantizar el acceso a la salud en el país.
Impacto en los compromisos internacionales y la justicia social
El ajuste contradice los compromisos internacionales asumidos por Argentina, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y las metas de la Organización Mundial de la Salud para eliminar enfermedades como la tuberculosis y las hepatitis virales hacia 2030.
«Estas medidas no solo violan acuerdos internacionales, sino que también reflejan una falta de compromiso con la salud pública y la justicia social», subrayó el colectivo en su comunicado, convocando a una jornada de lucha en defensa del sistema sanitario.
Las decisiones del gobierno no solo desmantelan áreas esenciales del sistema de salud, sino que también dejan a las poblaciones más vulnerables en una situación de mayor precariedad. La falta de políticas de prevención y la expulsión de profesionales capacitados comprometen el derecho inalienable a la salud y contradicen los principios básicos de justicia social.
Las movilizaciones convocadas para visibilizar el conflicto buscan no solo frenar estas medidas, sino también construir un frente amplio que defienda la salud pública como un derecho. En este contexto de ajuste y crisis, el llamado es claro: resistir, movilizarse y defender el sistema sanitario antes de que el daño sea irreparable.