Fotomultas en la mira: el millonario negocio a costa de los bonaerenses

El sistema de control vehicular, gestionado por empresas privadas, genera ingresos millonarios en la provincia de Buenos Aires, pero enfrenta denuncias por irregularidades, multas inválidas y un uso meramente recaudatorio.


 

En la provincia de Buenos Aires, el sistema de fotomultas ha pasado de ser una herramienta destinada a mejorar la seguridad vial a convertirse en el centro de una controversia de proporciones millonarias. Mientras se denuncian irregularidades en más del 60% de las infracciones emitidas, el modelo gestionado por empresas privadas genera ingresos diarios cercanos a un millón de dólares. La situación ha escalado a tal punto que el legislador Marcelo Daletto presentó un proyecto de ley para frenar el abuso, mientras crece la presión sobre figuras clave del negocio, como Leandro Camani, apodado “el rey de las fotomultas”.

Un sistema diseñado para recaudar

El sistema actual incluye 1.500 cámaras distribuidas estratégicamente en rutas y municipios bonaerenses. Aunque su objetivo declarado es prevenir accidentes, las críticas apuntan a que su principal función es recaudatoria. “Queremos que las fotomultas sean una herramienta de prevención, no una trampa para conductores”, afirmó el senador Daletto al anunciar su proyecto de ley, que busca ampliar la señalización en rutas y garantizar información clara sobre los límites de velocidad.

Sin embargo, la realidad pinta un panorama distinto. Según datos revelados, entre el 60% y el 70% de las multas emitidas presentan errores graves, como fotos de vehículos incorrectos, ubicaciones ficticias o datos inconsistentes. Pese a ello, las empresas que gestionan el sistema, como Secutrans y Tránsito Seguro, continúan procesando y cobrando las infracciones, contraviniendo normativas que exigen la anulación de actas defectuosas.

Leandro Camani: el polémico empresario tras el negocio

El epicentro de este modelo es Leandro Camani, un empresario vinculado tanto al espectáculo como a la política. Desde que firmó un convenio de concesión en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal, su empresa ha consolidado un dominio absoluto sobre el sistema de fotomultas. En 2023, los ingresos generados por Secutrans ascendieron a 386 mil millones de pesos, y se proyecta un aumento del 30% para 2024.

Camani, conocido por su relación con figuras de la farándula y del poder, ha sido acusado de aprovechar sus vínculos políticos para blindar su negocio. A pesar de múltiples denuncias por irregularidades, las cámaras siguen operando en localidades clave como Lezama, Chivilcoy y Mar del Plata, garantizando un flujo constante de ingresos.

El costo social y político

El impacto de este sistema no solo es económico. Las constantes quejas de conductores, sumadas a la falta de transparencia en el procesamiento de multas, han generado un clima de descontento social. Además, la renuncia del ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio ha intensificado el escrutinio sobre el modelo de gestión.

“El beneficio siempre debe ser para el conductor en caso de duda, pero aquí se prioriza el negocio por sobre los derechos de las personas”, denuncian organizaciones de defensa del consumidor.

El escándalo de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires refleja un sistema que, lejos de cumplir con su objetivo preventivo, parece diseñado para enriquecer a unos pocos a expensas de miles. Con iniciativas como la de Marcelo Daletto en marcha, denuncias masivas de irregularidades  y un creciente malestar social, el modelo enfrenta un punto de inflexión. ¿Será suficiente para transformar un esquema plagado de irregularidades en una herramienta realmente al servicio de la seguridad vial?