Entre las tasas cuestionadas por Caputo se encuentran las viales, que gravan la carga de combustibles, y las de seguridad e higiene que pagan los supermercados. El ministro ha iniciado acciones legales, incluyendo una presentación ante la Suprema Corte contra el municipio de Lomas de Zamora por la Tasa Vial, y ha movilizado a la agrupación profesional “La Púrpura” para litigar en distintos distritos.
Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, criticó duramente a Caputo, recordando su rol en el endeudamiento durante la gestión de Macri y acusándolo de buscar asfixiar a los gobiernos locales. Mendoza desafió al ministro a eliminar el 12% del impuesto nacional a los combustibles, comprometiéndose a su vez a retirar la tasa municipal del 1%.
Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, propuso medidas para aliviar la carga tributaria de los ciudadanos, como la eliminación del IVA en la recolección de residuos y la reducción del 12% del impuesto al combustible, sugiriendo que los municipios podrían retirar la tasa vial del 1% en correspondencia.
Francisco Echarren, intendente de Castelli y cercano a Axel Kicillof, señaló que el 33% del precio de los combustibles corresponde a impuestos nacionales y el 2% a provinciales, mientras que la tasa municipal es solo del 1%, utilizada para el mantenimiento de las calles locales. Echarren instó a Caputo a reducir los impuestos nacionales en lugar de culpar a los municipios.
Otros intendentes, como Julián Álvarez de Lanús, Leonardo Boto de Luján y Maximiliano Wesner de Olavarría, también expresaron su descontento, reclamando la reactivación de obras de infraestructura paralizadas y la restitución de fondos de seguridad esenciales para sus comunidades.
En La Plata, aunque el intendente Julio Alak no se ha pronunciado públicamente sobre este conflicto, la situación genera preocupación entre los vecinos, quienes podrían verse afectados por posibles recortes en servicios municipales si prosperan las medidas impulsadas por el ministro de Economía.
La tensión entre el gobierno nacional y los municipios peronistas refleja una disputa más amplia sobre la distribución de recursos y las responsabilidades fiscales, en un contexto económico desafiante que requiere soluciones equilibradas y consensuadas.
