El desplome del salario mínimo: un retroceso histórico sin precedentes


El poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil (SMVM) en Argentina atraviesa una crisis histórica que lo posiciona en su nivel más bajo desde 2001, al final de la Convertibilidad. 


Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), el ingreso mínimo refleja un deterioro significativo en comparación con gobiernos anteriores y una alarmante desconexión respecto de las necesidades básicas de los trabajadores.

Un panorama de deterioro acumulado

El informe de CIFRA-CTA destaca que, a octubre de 2024, el poder adquisitivo del SMVM era 39,9% menor al de noviembre de 2019, al cierre del mandato de Mauricio Macri, y 54% inferior al de noviembre de 2015, al final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Estas cifras, ajustadas por inflación, evidencian un deterioro acumulado que afecta tanto al consumo interno como al bienestar de los sectores más vulnerables.

La situación es aún más grave cuando se compara con los niveles de pobreza e indigencia. En octubre, el salario mínimo solo alcanzó para cubrir el 54,3% de la canasta básica alimentaria –indicador que define la línea de indigencia para una familia tipo– y poco más del 25% de la canasta básica total, que delimita la pobreza. Esta insuficiencia refleja la incapacidad del SMVM para garantizar un estándar mínimo de consumo, lo que exacerba la precariedad en amplios sectores de la población.

Impacto en sectores informales y programas sociales

El SMVM no solo es un indicador clave para el empleo formal, sino también una referencia para el ingreso en el mercado informal, donde se emplea más del 35% de la población económicamente activa en Argentina. Además, este ingreso influye directamente en el cálculo de programas sociales, como el ahora discontinuado Potenciar Trabajo, por lo que su deterioro tiene un efecto amplificado en los sectores más vulnerables.

Decisiones unilaterales y pérdida de diálogo social

Históricamente, los ajustes del salario mínimo se decidían en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, una instancia tripartita que reúne a representantes del gobierno, sindicatos y empresarios. Sin embargo, durante la gestión de Javier Milei, esta herramienta de diálogo se desactivó en la práctica. En su lugar, los aumentos recientes se implementaron mediante decretos unilaterales en febrero, mayo y julio, debilitando la legitimidad de las decisiones y excluyendo las demandas de los actores sociales.

Un retroceso sin precedentes

El informe de CIFRA subraya que el poder de compra actual del salario mínimo es incluso inferior al de la década de 1990, un período marcado por ajustes fiscales y precarización laboral. Este retroceso refleja un deterioro estructural que no se había observado ni siquiera en los momentos más críticos de las últimas décadas.

Para ilustrar la magnitud de la caída, el informe realizó un ejercicio contrafáctico: si el salario mínimo hubiera mantenido su poder adquisitivo desde 2015, en octubre de 2024 habría alcanzado los 590.000 pesos a precios actuales, lo que equivaldría al 143% del costo de la canasta básica alimentaria. Sin embargo, su valor real quedó en 271.571 pesos, lejos de garantizar una vida digna.

Distancia con las necesidades básicas

De acuerdo con datos del INDEC, la canasta básica alimentaria para una familia tipo costó 434.620 pesos en octubre, mientras que la canasta básica total llegó a 986.586 pesos. Esto significa que el SMVM no cubre ni la mitad de los ingresos necesarios para superar la línea de pobreza. Además, las canastas específicas de crianza, que miden los costos de cuidado y educación de niños, oscilaron entre 460.122 y 479.723 pesos, nuevamente muy por encima del salario mínimo actual.

El desafío de revertir la tendencia

La gestión de Javier Milei enfrenta un desafío estructural: revertir un deterioro del salario mínimo que pone en jaque la estabilidad social y profundiza la desigualdad. La eliminación práctica del Consejo del Salario y la imposición de ajustes por decreto reflejan una falta de priorización de los sectores más vulnerables.

En este contexto, millones de argentinos ven cómo su capacidad de consumo y calidad de vida se erosionan día tras día. Encontrar un equilibrio entre la estabilización económica y la mejora de los ingresos será clave para evitar un mayor deterioro social en el corto y mediano plazo.