Actualmente, la Argentina enfrenta una situación de cuasi-aislamiento internacional debido a los continuos conflictos surgidos desde que Javier Milei asumió la presidencia. En este contexto, el Estado de Israel es su único aliado, lo que ha llevado a que el servicio de inteligencia MOSSAD opere activamente en el país.
Ezequiel Beer
La historia parece repetirse, como en el año 2000, cuando el FMI otorgó el blindaje financiero. Sin embargo, tras dos giros de fondos y bajo la administración republicana de George W. Bush, el entonces presidente Fernando de la Rúa se vio obligado a renunciar. Hoy, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) presenta un déficit de 5.000 millones de dólares y el Estado no está en condiciones de afrontar los pagos de la deuda externa renegociada durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Los plazos y montos acordados son prácticamente imposibles de cumplir.
Asimismo, el prestigioso periódico The Wall Street Journal advierte sobre las dificultades de otorgar fondos frescos a la Argentina, recordando el crédito multimillonario de 47.000 millones de dólares gestionado por el entonces ministro de Economía de la gestión Macri, Luis «Toto» Caputo. Hasta el día de hoy, el destino de esos fondos sigue siendo incierto.
Frente a este panorama, un importante arco de movimientos sociales, sindicatos y actores políticos clave, tanto de la provincia de Buenos Aires como de otras provincias, planea iniciar un plan de lucha con cortes en rutas nacionales. Este movimiento busca expresar su desacuerdo absoluto con el gobierno y, tomando lecciones de la historia, podría dar inicio a un proceso de expulsión del poder de Javier Milei y su gabinete.
En paralelo, el Congreso Nacional evalúa la posibilidad de convocar una Asamblea Legislativa, conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional. No es casual el aparente corrimiento institucional de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la casi renuncia de Martín Menem a la presidencia de la Cámara de Diputados, lo que allanaría el camino para la elección de un nuevo presidente interino, ya sea un miembro de la Cámara o un gobernador.
A esta compleja situación se suma la posibilidad de una próxima devaluación del 50%, que podría elevar el índice de pobreza actual del 73% a, al menos, el 85%. Los medios de comunicación y las redes sociales, que construyen una percepción de realidad especialmente entre los más jóvenes, pronto se enfrentarán con los hechos concretos, tal como decía el afamado intelectual ruso: «Los hechos son tercos».
Ezequiel Beer
Geógrafo, UBA
