El presidente Javier Milei ha anunciado una nueva medida destinada a eliminar las bases de datos fiscales de 280 mil personas que, hasta octubre, participaron en el proceso de blanqueo de capitales por un total de 18.000 millones de dólares.
Este avance, confirmado a través de sus redes sociales, se dirige a proteger la confidencialidad de quienes regularizaron activos no declarados previamente, garantizando su inmunidad frente a futuros impuestos y posibles investigaciones del Estado.
El borrado de registros fiscales es una respuesta a las demandas de sectores que buscan disminuir la intervención estatal en sus asuntos financieros, en línea con la visión de Milei de reducir la injerencia del gobierno en la economía. Sin embargo, la medida genera inquietud, ya que podría crear un escudo para fondos de origen incierto, en momentos en que Argentina enfrenta serios problemas de evasión de impuestos, fuga de divisas y riesgos de lavado de dinero. La decisión también ha reavivado el debate sobre la necesidad de un control fiscal que permita rastrear y sancionar fondos ilícitos, así como investigar sus conexiones con redes de corrupción y narcotráfico.
Extensión de los plazos del blanqueo y su impacto económico
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó esta semana una extensión en la primera fase del blanqueo fiscal hasta el 8 de noviembre, para facilitar el proceso de transferencia de fondos desde el extranjero. Con una segunda fase prevista para los próximos tres meses, el programa de blanqueo se ha convertido en un canal para la repatriación de capitales y activos que se encontraban fuera del sistema fiscal argentino. Esto ha aportado una entrada sustancial de divisas, contribuyendo a dinamizar el mercado financiero y fortaleciendo el valor de bonos y acciones nacionales, mientras el riesgo país ha registrado una caída histórica por debajo de los 1.000 puntos básicos.
Manuel Adorni, vocero presidencial, destacó este ingreso de capitales como una señal de éxito en la política de regularización, subrayando que Argentina se “encamina hacia el orden fiscal” y hacia un entorno de mayor “libertad económica”. Sin embargo, el plan ha despertado críticas, ya que se considera que facilita el retorno de fondos que previamente fueron evadidos o fugados, generando condiciones de desventaja para quienes se encuentran bajo el cumplimiento fiscal. Además, la ausencia de mecanismos para verificar el origen lícito de estos activos representa un riesgo de legitimación de capitales provenientes de actividades ilegales.
Un posible resguardo para el lavado y la corrupción
Analistas advierten que la eliminación de registros de blanqueo puede llevar a una opacidad en la fiscalización del capital, obstaculizando el trabajo de la justicia y de las agencias de control para investigar posibles delitos de lavado de dinero o financiamiento ilegal. La medida crea un entorno de blindaje que, según expertos, podría beneficiar a quienes han evadido impuestos y a capitales ligados a actividades ilícitas como el narcotráfico, ofreciendo una legalización sin garantías de transparencia ni controles efectivos sobre su procedencia.
La política de Milei, además, contradice las tendencias internacionales en materia de transparencia fiscal, donde numerosos países se han comprometido a establecer marcos rigurosos para prevenir la evasión y el lavado de activos. Con esta decisión, Argentina corre el riesgo de convertirse en un espacio seguro para capitales de origen dudoso, lo que podría afectar su credibilidad en los mercados internacionales.
La polarización entre libertad económica y control fiscal
El enfoque de Milei de reducir el papel del Estado se refleja en su impulso por eliminar las restricciones fiscales, promoviendo un modelo de libertad económica sin precedentes en Argentina. No obstante, los críticos sostienen que el borrado de registros puede debilitar el sistema tributario y aumentar la percepción de desigualdad, ya que permite que los capitales no declarados se mantengan fuera del alcance fiscal. Esta política, en última instancia, podría fomentar una mayor brecha entre aquellos que cumplen con sus obligaciones tributarias y los grandes capitales que buscan evitar los controles, creando un clima de impunidad.
Con este contexto, la política de blanqueo se encamina a tener un impacto duradero, no solo en el flujo de capitales, sino en la estructura fiscal del país. Mientras se profundiza el debate sobre la necesidad de transparencia y responsabilidad fiscal, persisten los interrogantes sobre el futuro del sistema de controles financieros y el riesgo de consolidar un modelo económico que privilegia los grandes capitales a expensas de la equidad tributaria y la justicia fiscal en Argentina.
NR
