Los esfuerzos de los gobiernos democráticos por promover mejoras en salud, educación e infraestructura en servicios básicos, si bien fueron dispares en el ritmo y la profundidad, no dejaron de sostener un sendero de elevación de la calidad de vida estructural.
Por Roberto Feletti
Las falacias sobre el fracaso de la democracia y de los partidos mayoritarios.
Reuters
Pobreza estructural
Ahora bien, con este diagnóstico y con apoyo en los datos del INDEC vamos a abordar el comportamiento de la pobreza estructural a lo largo de estas cuatro décadas. El concepto de pobreza estructural comprende a los hogares afectados por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), abarcando indicadores vinculados a condiciones habitacionales, educación formal e inserción en el mercado laboral.
- El porcentaje de hogares con más de una NBI
- La tasa de crecimiento promedio anual del PIB en los períodos intercensales
- El PIB “per cápita” al momento de cada censo
Las cifras correspondientes al censo 2022 no están aún publicadas, por eso no fueron evaluadas.
*1 Promedio anual de crecimiento del PIB año 1980 a 2000
*2 Promedio anual de crecimiento del PIB año 2001 a 2010
* Los valores de PBI per cápita son aproximados
El cuadro precedente, que abarca la evaluación realizada sobre las mediciones de NBI en los censos de 1980, 2001 y 2010, revela que a lo largo de tres décadas:
1 La pobreza estructural descendió del 22,3% de hogares con NBI en 1980 a 9,1% de hogares en el año 2010.
2 Esta reducción de más de la mitad de la pobreza estructural en la Argentina a lo largo de 30 años es sin duda un aporte de la democracia iniciada en 1983.
3 El crecimiento a largo plazo del tamaño de la economía sin duda fue el factor necesario (aunque no suficiente) para alcanzar esta mejora socioeconómica.
4 En el cuadro se observa una tasa de crecimiento anual promedio del PIB en el lapso 1980-2001 del 2,1% y del 4% en el período 2001-2010.
5 Similar evolución presenta el PIB per cápita que casi se triplicó entre 1980 y el 2010.
Además, la reducción de la pobreza estructural alcanza un impacto diferencial en las provincias argentinas. El cuadro que sigue revela la heterogeneidad entre las mismas, si bien en un sendero positivo de descenso.
Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según provincia. Total del país. Años 1980-2010
Los progresos más significativos se verificaron en las provincias del Norte Grande y en las zonas de la pampa húmeda alcanzadas por la expansión de la frontera agropecuaria.
Podemos ver que los esfuerzos de los gobiernos democráticos por promover mejoras en salud, educación e infraestructura en servicios básicos, si bien fueron dispares en el ritmo y la profundidad, no dejaron de sostener un sendero de elevación de la calidad de vida estructural que se tradujo en las cifras relevadas en los distintos censos.
En este punto, cabe preguntarse entonces sobre los alcances del fracaso de la democracia y de los partidos mayoritarios que la condujeron, habida cuenta las cifras de pobreza estructural que dejó la dictadura cívico-militar conforme los números de 1980.
Reiterando la necesidad de comprender las disparidades de cada gobierno, es imprescindible señalar que ninguno planteó la anulación completa de la obra pública, sin la cual las escuelas, los hospitales, la extensión de las redes de agua corriente y la infraestructura en general no se hubieran realizado, lo que hubiese impedido el descenso de la pobreza estructural verificado a lo largo de treinta años. De esto se infiere que es antidemocrático y antisocial anular las herramientas que permiten crear condiciones básicas para la mejora socioeconómica de la población.
Pobreza por ingresos
Este desempeño positivo del régimen constitucional argentino en términos de combate a la pobreza estructural, no parece verificarse en el comportamiento ocurrido en los últimos años con la pobreza coyuntural y/o pobreza por ingresos.
El cuadro que continúa permite ver el porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza entre las mediciones de los censos 2001-2010 y la serie 2016-2023 que abarca los últimos dos gobiernos democráticos.
Pobreza e indigencia – I Semestre 2016 – II Semestre 2023
Se aprecia con nitidez, en la medición de un indicador coyuntural, la tensión estructural entre la política de precios y la política de ingresos. Es en este indicador donde mejor se observan las diferencias de políticas públicas entre los gobiernos democráticos.
En octubre de 2001, después de una década de estabilidad cambiaria y de precios, la pobreza alcanzaba el 28% de los hogares y la indigencia el 9,4%. Estas cifras se insertaban en un modelo económico que llevaba siete años continuados de desempleo abierto de dos dígitos, oscilando en el 15% promedio anual. Se advierte entonces que el control de la inflación es estéril para mejorar la vida cotidiana si no está acompañado de generación de empleo y aumento de salarios.
En el segundo semestre de 2010, los hogares bajo la línea de pobreza eran del 6,8% y de indigencia del 2,1%. El fuerte descenso de las condiciones de indigencia y pobreza está asociado a tasas de crecimiento económico muy altas -el año 2010 fue el pico con el 10,1%- y una política de precios y de ingresos que se armonizaba en términos de mejora en la pauta distributiva, a favor de los sectores populares.
La serie que abarca las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, de signo político opuesto, muestran una situación de pobreza e indigencia mucho más grave.
La Presidencia de Mauricio Macri se caracterizó por promover un cambio de precios relativos en contra de los ingresos populares. Esta política de precios estuvo signada por los siguientes elementos:
- Devaluación y liberación del mercado cambiario
- Tendencia a alinear precios internos con precios internacionales. Disminución de las alícuotas de derechos de exportación y baja del subsidio a la energía eléctrica.
- Desregulación de mercados
- Suba de la tasa de interés, alentando la valorización financiera de los excedentes líquidos.
Este conjunto de medidas incidió en la suba de precios, sobre todo de consumos esenciales como alimentos y energía, deteriorando el salario y los haberes previsionales. Esta política se implementó en el marco del denominado “gradualismo”, que permitía dosificar la alteración de la pauta distributiva a partir de un voluminoso endeudamiento público con los mercados internacionales y los organismos multilaterales de crédito.
El gobierno de coalición peronista, denominado Frente de Todos y encabezado por Alberto Fernández, evidenció impotencia para adoptar una política de precios y de ingresos que revirtiera los perjuicios causados durante el gobierno del presidente Macri.
La pandemia global impactó de lleno sobre una economía maniatada por la deuda contraída con el exterior y con varios años de estancamiento. Si bien existieron intentos de impulsar una política de precios e ingresos que atenuara al menos los efectos sobre la canasta de alimentos, estos nunca lograron la cohesión necesaria en la coalición gobernante para darle la fuerza que la situación requería.
El inicio de la guerra en Ucrania como factor exógeno y la sequía histórica como elemento endógeno terminaron de disparar los precios internos, traccionados por la situación externa, vulnerando así las políticas regulatorias de un gobierno sin rumbo definido.
Pauta distributiva
Los gobiernos democráticos se revelaron eficaces para alcanzar descensos relevantes en la pobreza estructural, reduciendo las necesidades básicas insatisfechas de la población. La inversión social sostenida en educación, hábitat y condiciones sanitarias influyó decisivamente en la mejora de los indicadores. Sin embargo, los gobiernos democráticos también fueron incapaces de alterar estructuralmente en favor de los sectores populares la pauta distributiva.
Después de las dos grandes crisis sufridas por la economía argentina en 1989 y 2001, la brecha de desigualdad entre el decil de mayores ingresos y el de menores ingresos era 35. En los 20 años que recorren el 2003 y el 2023, se revela un descenso sostenido hasta el año 2015, para luego revertir esta tendencia favorable hacia los hogares de menores ingresos y terminar estancándose en torno a una relación de 18 a 1. El cuadro que sigue muestra esta evolución en la brecha entre los hogares de mayores y menores ingresos.
Conclusión
En la última década se ha afirmado una coalición política conservadora con fuerte anclaje social y regional, que le permite sostener un elevado grado de influencia en las políticas públicas de la Nación.
En párrafos previos se ha descrito cómo durante la presidencia de Mauricio Macri, esta alianza promovió con éxito un cambio regresivo de los precios relativos de la economía, a partir de modificar las variables nominales, precios, tipo de cambio y tasa de interés a su favor. También se relató cómo durante la presidencia de Alberto Fernández, desde sus posiciones dominantes en distintos mercados de bienes y servicios esenciales, dicha coalición ha actuado para frustrar los intentos de reversión de estas políticas.
La tendencia planteada por esta coalición conservadora ha alcanzado su cuota máxima con el gobierno de Javier Milei, que apunta a quebrar la tendencia favorable de reducción de la pobreza estructural verificada en los últimos 40 años (esto sin dejar de advertir que, sin dudas, la última década experimentó un ciclo prolongado con crecimiento del tamaño de la economía casi nulo, y con regresión en la distribución del ingreso).
Asistimos entonces a un conflicto no resuelto, caracterizado por un bloque dominante que tiende a cohesionarse a partir de objetivos muy regresivos, lo cual no pudo ser afrontado con éxito por las diferentes formaciones de lo que podría denominarse el frente nacional y popular.
Si tenemos que hablar del fracaso de la democracia argentina, el mismo tiene que ver con lo ocurrido precisamente a partir de la asunción del macrismo y no en planteos que pretenden retrotraernos al país previo a la Ley Sáenz Peña.
