Javier Milei prometió y está cumpliendo: su plan es ahogar para privatizar. La defensa del sistema científico y tecnológico, una tarea urgente.
En la etapa electoral, el entonces candidato Javier Milei proclamó abiertamente su intención de cerrar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y de privatizar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). «La ciencia y la tecnología deben quedar en manos del sector privado; considero al Estado como un enemigo”, sintetizó alguna vez el actual presidente. En esta embestida contra todo lo relacionado con el Estado, Milei atacó a las personas que trabajan en actividades científicas de manera desmesurada y sin precedentes. ¿Qué han generado los científicos?», preguntó. «Que se ganen la plata sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad y mejor precio, como hace la gente de bien», agregó y completó su exposición con la frase bíblica «ganarás el pan con el sudor de tu frente».
Las primeras medidas de Milei son estructurales y apuntan a las bases mismas del sistema público, garante y promotor de servicios y derechos fundamentales. En el caso de CyT, se ha concretado la supresión del ministerio, la cancelación de programas, la baja de contratos y la falta de resolución en concursos del Conicet. La medida más impactante es, sin dudas, indirecta: la devaluación del peso junto con la asignación presupuestaria idéntica a la de 2023 resulta en un recorte de recursos sin precedentes en términos reales para el sector público.
Privatizar, esa es la cuestión
La destrucción del sistema público de CyT tendrá un «ahorro» mínimo para el Estado. La inversión pública en CyT en Argentina fue solo del 0,34% del PBI en 2023, un valor muy inferior a la media mundial. Además, la contribución del sector privado a la inversión en CyT en nuestro país ha sido históricamente baja, sin superar el 0,2 % del PBI nacional. En resumen, si el Estado deja de invertir en CyT, no será el sector privado nacional el que lo reemplace.
De manera que el objetivo principal detrás de las políticas de Milei radica en su proyecto de privatizar -extranjerizar- empresas estatales, incluyendo aquellas entrelazadas con el complejo de CyT, tal lo expresado en el Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus enviada al Congreso. Empresas como Nucleoeléctrica Argentina (centrales nucleares), el Polo Tecnológico Constituyente, VENG (lanzador satelital), YPF y su empresa de tecnología Y-TEC, ARSAT, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, INVAP, Radio y Televisión Argentina, Fabricaciones Militares y Télam, entre otras, son estratégicas para el país, realizan aportes enormes a la economía -al PBI nacional en rubros con alto valor agregado-, integran a las pymes en esa cadena de valor, ejemplifican la sustitución de importaciones y la generación de divisas y son lugares con una capacitación de personal de altísimo nivel profesional.
Al igual que sucedió durante el menemismo, estas empresas son «joyas de la abuela» que se pretenden subastar al mejor postor. Es fundamental recordar que las reformas del Estado emprendidas en los años 90 contaron con un respaldo político basado en la aceptación social, persuadiendo a través de argumentos engañosos y mediáticos. El mismo tipo de justificaciones se escucha actualmente para la entrega de empresas estatales: que son deficitarias o que el país no puede permitirse «gastar» en CyT teniendo a la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Debemos desmontar estas falacias y esforzarnos por destacar la importancia de las contribuciones de nuestro sistema científico en la vida cotidiana de las personas.
La batalla urgente
La defensa del sistema de CyT se convierte en una tarea urgente. En este momento, es imperativo librar la batalla por el sentido: debemos explicar a toda la sociedad por qué la ciencia y la tecnología son vitales si buscamos un país que se desarrolle económicamente y que el bienestar resultante no se concentre en manos de unos pocos. Debemos ser capaces de argumentar sobre la importancia del papel que desempeña el Estado en estas políticas relacionadas con la CyT para demostrar que nuestro país necesita la CyT para resolver problemas cruciales.
El conocimiento disponible en Argentina a través de su sistema público de CyT es un bien de todos los habitantes del país. Nuestras universidades son ejemplos de educación de alta calidad, inclusión y movilidad social ascendente, con cuatro premios Nobel que nos distinguen internacionalmente. Los desarrollos del sistema de CyT deben llenarnos de orgullo como nación soberana: Argentina produce energía nuclear y radioisótopos utilizados en tratamientos contra el cáncer, exporta reactores nucleares, desarrolla satélites y lanzadores propios, es altamente competitiva en agricultura y ganadería, innova en nano y biotecnología, ha realizado aportes históricos a la medicina, produce medicamentos y vacunas, tiene una industria alimentaria desarrollada, una matriz energética variada y potente, es capaz de industrializar sus recursos naturales, como gas, petróleo y minerales como el litio. Privatizar empresas estatales de base científico tecnológica es entregar riqueza y capacidades.
No podemos permitir que Milei aplique sus políticas de desmantelamiento del sistema científico. No podemos permitir que se imponga la idea de que el conocimiento es un «lujo» que solo otros países pueden permitirse. En la llamada «sociedad del conocimiento», el conocimiento es poder y, por lo tanto, es un bien estratégico para los países. No se puede adquirir libremente la ciencia y tecnología que se necesita; solo se puede comprar lo que los países que dominan ese conocimiento están dispuestos a vender. La pandemia de COVID-19 demostró de manera evidente la vigencia de estos conceptos.
La sociedad argentina valora positivamente el trabajo de sus científicos, la contribución de los profesionales de la salud y sus universidades nacionales. Por todo esto, la frase «el conocimiento es soberanía; la ciencia y la universidad se defienden» debe ser una idea-fuerza que constituya uno de los pilares de la resistencia contra el avance neoliberal libertario.