El entendimiento se produjo luego de una reunión que mantuvieron representantes de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con funcionarios de la Secretaría de Trabajo en la sede de la cartera laboral de la Avenida Callao al 100.


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UPCN informó que, con este nuevo aumento, el acumulado de junio de 2023 a enero de 2024 será del 127,95%. Por su parte, ATE fue menos entusiasta y si bien aceptó la oferta, la tildó de «insuficiente». 

Tanto UPCN como ATE se sumarán al paro general del 24 que convocaron la CGT y las dos CTA, que incluirá una marcha al Congreso, en rechazo al mega DNU y la ley ómnibus del presidente Javier Milei, que establecen reformas en el plano laboral.

«Aunque el entendimiento nos permite recuperar la pérdida salarial de diciembre y quedar por encima del acumulado anual de inflación, no alcanza para modificar nuestra decisión de ir al paro», sostuvo en redes sociales el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

Y agregó: «Los estatales tenemos muchos más reclamos que los estrictamente salariales y el Gobierno hasta aquí, no ha brindado ninguna respuesta. Frente al escenario económico inestable y a una evolución de precios constante, las negociaciones deben tener un carácter mensual».

«Rechazamos los despidos arbitrarios y exigimos la inmediata reincorporación de todos los trabajadores cesanteados sin causa justificada. Además, se debe dar continuidad al proceso de regularización de personal y pasar a planta permanente a  los trabajadores  precarizados», prosiguió Aguiar.

Y finalizó: «En la paritaria hemos sido suficientemente claros. Si continúan atacando y agrediendo a los estatales de esta manera, los niveles de conflictividad van a ir en ascenso».

En la últimas horas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado que se le descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro general de la semana próxima: «El que no trabaja es razonable que no cobre», sostuvo.

Asimismo, resaltó que la línea 134 se encuentra habilitada para aquellas personas que quieran denunciar amenazas o extorsiones para sumarse a la medida de fuerza.