El protocolo denominado «de Orden Público» determinó, entre otras cosas, que las cuatro fuerzas federales estarán habilitadas para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que obstaculicen, total o parcialmente, la circulación del resto de los ciudadanos. Además, Bullrich anunció «consecuencias fuertes» para quienes lleven niños a las manifestaciones y determinó que el Estado no será el encargado de pagar los operativos de seguridad.

Sin embargo, la CGT le recordó a la ministra que «los trabajadores siempre hemos sido los primeros en respetar la ley porque sabemos que esa es la mejor garantía que tenemos para que nuestros derechos sean respetados».

«El protocolo publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación se interpreta como parte de una estrategia para criminalizar la protesta social que, a la luz de los recientes anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, implica vulnerar el ejercicio efectivo del derecho constitucional de la libertad de expresión y la libertad sindical», escribió el Consejo Directivo Nacional de la CGT.

En el comunicado, la central de trabajadores consideró que el procotolo «vulnera las libertades individuales y colectivas» y «no favorece el clima social que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, elemento esencial para el ejercicio de la libertad sindical». Además, «pretende subordinar la acción de la justicia al accionar policial y de las fuerzas de seguridad», criticó la CGT.

Además, afirmó: «El respeto a la ley nos involucra a todos: a los ciudadanos y a las autoridades que deben comprometerse plenamente en la defensa de los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución».

La central dijo que «es necesario el diálogo» para «este momento crítico que vivimos en nuestro país», y recordó que «la vigencia del estado de derecho es el marco democrático para la búsqueda de soluciones». «La consolidación de una democracia con justicia social es con más diálogo, democracia y paz social», concluyó la CGT.

Cuáles son las medidas del protocolo antipiquete

El ministerio de Seguridad del gobierno de Javier Milei resolvió:

  • Que las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, totales o parciales. «La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple y nosotros la vamos a cumplir«, expresó la ministra
  • De acuerdo a los códigos procesales vigentes, presentarán una nueva ley que se va a presentar a corto plazo, de acuerdo al artículo 194 del Código Penal
  • Las Fuerzas Provinciales deberán actuar en las zonas de su competencia, para poder complementarse de forma ordenada con las Fuerzas Federales, «para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren», expresó
  • «No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal«, dijo Bullrich. En esa línea, insistió en que se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación y que para llevar esto a cabo, las fuerzas aplicarán «la mínima fuerza necesaria y suficiente, graduada en proporción a la resistencia»
  • Serán identificados los autores, cómplices, e instigadores «de este tipo de delito», así como también los vehículos y sus conductores. Se va a proceder a «incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tengan que tener», y tomarán en cuenta vigilar estaciones de tren para quienes intenten no ser reconocidos por las Fuerzas.
  •  «Sea por un bloqueo, sea por gente que viene por un plan social, sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa», todos serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondientes, anunció.
  • Daño ambiental: «algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas, lo cual es muy dañino al ambiente y las personas alrededor», dijo, y confirmó que será una cuestión que se le va a avisar al juez competente para que lo tenga en consideración.
  • Lo mismo sucederá con la presencia de niños y adolescentes. «Se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños en horario escolar«.
  • «Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las Fuerzas de Seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos», anunció
  • Se va a crear un registro, además, de todas las organizaciones que participen de estos hechos, «y que sistemáticamente hacen de voceros de estas manifestaciones».
  • Por último, anunció que deroga «el protocolo garantista» de Nilda Garré, un protocolo de actuación para las Fuerzas de Seguridad que se oficializó durante el kirchnerismo.