Israel, la democracia y la «ley del mas fuerte»

Estamos presenciando la implosión de un determinado orden histórico-político. En los últimos años, la historia parece haberse acelerado y la época de tumulto que vivimos no deja de encadenar un acontecimiento tras otro, sumiendo la realidad en un caos en el que es difícil encontrar un hilo conductor que nos permita analizar hacia dónde vamos o qué rumbo toman nuestras sociedades. La inestabilidad, la volatilidad, el recrudecimiento de los conflictos y el riesgo político son características del momento histórico que vivimos.

En el plano internacional, estamos asistiendo a una limpieza étnica de Israel en Gaza. El gobierno de Netanyahu ha aprovechado el horroroso atentado de Hamas en territorio israelí para impulsar una política de tierra quemada sobre la Franja de Gaza que le permita la anexión de más territorio haciendo aún más inviable la existencia de un Estado palestino. Paralelamente a la invasión de Gaza, cuyo bombardeo sobre el territorio gazatí es el más mortífero desde que hay registros, Israel se ha lanzado a una campaña de propaganda política de descrédito de la ONU, la institución multilateral por excelencia, del derecho internacional y de todo aquel actor político e internacional que cuestionase su acción militar. Israel ha llegado a declarar al personal de la ONU como non grato en su territorio. Un Israel que nació del plan de partición que está institución esbozó como solución al conflicto entre israelís y palestinos en el año 1947.

Lo que estamos observando deja al descubierto el retorno de un orden político a nivel internacional en el que los actores con más fuerza pueden imponerse sobre aquellos que se encuentran en una situación de debilidad independientemente de que ello esté prohibido o no o de lo que la comunidad internacional lo condene. Las normas, las instituciones y los poderes que a nivel internacional actuaban como mecanismos de control, contención y canalización de estos conflictos internacionales, ya no sirven ante la nueva realidad basada en el uso del poder más crudo. El orden internacional liberal ya no parece útil ante el desorden global al que estamos asistiendo, siendo incapaz de resolver los conflictos por medio de vías diplomáticas, pese a la insistencia de múltiples actores que van desde la UE, hasta gran parte del Sur Global e incluso EEUU que ha advertido a Israel de las consecuencias humanitarias sobre el pueblo palestino de su intervención.

Sin embargo, este proceso no sólo se da a nivel internacional. Cuando hablamos de que el orden político se resquebraja también es a escala nacional. Es un proceso paralelo al que está ocurriendo en el seno de la democracia liberal. Desde la crisis de 2008, los sistemas políticos de la mayoría de las democracias liberales avanzadas se han visto sometidos a un nivel de tensión sin precedentes. La desigualdad, la pérdida de condiciones de vida, la frustración social, las expectativas incumplidas y la batalla cultural y moral son la causa de la polarización ideológica y afectiva que está alterando profundamente algunas de las características de los sistemas democráticos.

Esta alteración es lo que autores como Adam Przeworski denominan la ruptura del compromiso político-electoral: acciones, reformas y cambios legales realizados por algunos actores políticos para dificultar su derrota y acabar con la competitividad electoral para perpetuarse en el poder. La supresión de la alternancia por la fuerza, en definitiva. Algunas de estas acciones son el control de los tribunales judiciales, de los medios de comunicación o de instituciones administrativas independientes, pero también la supresión directa del derecho a voto en algunos colectivos, las restricciones a la libertad de expresión y asociación o incluso la prohibición de determinados partidos políticos. Esto ha ocurrido en países como EEUU, Brasil, Polonia y Hungría permitiendo a los actores en el gobierno (todos ellos opciones reaccionarias y nacionalistas), imponer su fuerza sobre el resto de la sociedad. Es en este contexto en el que debemos entender los asaltos al poder legislativo y ejecutivo en EEUU y Brasil o la alteración institucional que se ha llevado a cabo en Hungría o Polonia.

Las normas, la cultura política, el derecho y las instituciones que fundamentaban el liberalismo político (ya sea a nivel nacional como internacional) se rompen ante nuestra mirada incrédula. Y es en ese proceso de deterioro acelerado en el que estamos viendo que aparece algo tan primitivo como la ley del más fuerte: determinados actores políticos -ya sean grupos ideológicos, partidos políticos o Estados- intentan imponer su criterio, su programa o sus intereses por medio del uso de la coacción -o (como en el de Israel o las opciones políticas reaccionarias) directamente de la fuerza física. Estos actores se sienten lo suficientemente poderosos y legitimados para vulnerar todas las normas de contención y todos los mecanismos institucionales generados para que ningún actor político se imponga sobre la integridad física y moral de otros actores al saber que no tendrá costes para ellos.

Pero este uso de la fuerza no solo se explica por la existencia de actores cada vez más poderosos. La hipocresía discursiva también es una de las razones que lo sustenta. La doble vara de medir que tienen algunos actores, y aquí el conflicto entre Israel y Palestina es un grandísimo ejemplo que expone la hipocresía de EEUU y la UE que son capaces de poner en duda todo el discurso que han mantenido respecto a Ucrania, también acaba legitimando el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Cuando algunos conflictos que implican el uso de la fuerza se moralizan y otros no, este queda legitimado como una herramienta más que será juzgada en función del actor que la ejecute. ¿Cómo pueden las instituciones americanas y europeas condenar los bombardeos en Ucrania y volver la espalda a los que se están produciendo en Gaza? Si unos bombardeos son legítimos y otros no, el uso de la fuerza será válido en función de quien lo lleve a cabo, justificando a ojos de muchos actores internacionales su utilización.

Algo parecido a lo que sucede en las democracias liberales: si el establishment mediático, cultural y político considera que el peligro para la supervivencia del orden liberal-democrático viene de una serie de reformas económicas, sociales y ecológicas promovida por la izquierda, y no por el asalto a las instituciones y los derechos civiles y políticos que llevan a cabo las derechas reaccionarias, se están blanqueando una serie de comportamientos que son lesivos para el sistema democrático. Considerar a la extrema derecha, una familia ideológica que pretende en el mejor de los casos deteriorar el sistema democrático, como un actor más de la competición política, es legitimar su programa y su estrategia política. El resultado final es que aquellos actores poderosos que buscan imponer sobre los otros sus intereses a costa de los derechos de los demás pueden recurrir a cualquier táctica con tal de conseguirlo.

En el contexto actual, el doble rasero del orden internacional liberal está siendo sustituido por un desorden o tumulto global basado en la ley del más fuerte y las fallas institucionales de la democracia liberal están abriendo la puerta hacía una autocratización de nuestros sistemas democráticos en que las decisiones de una mayoría política, supuestamente orientada a la defensa de la comunidad, acabe lesionando los derechos y libertades de la minoría o de la oposición acabando con un precepto básico: la alternancia política.

Ante esto, las fuerzas democráticas -y aquí incluyo a la izquierda, pero también aquellos sectores liberales o conservadores que creen que el mundo o sus sociedades no puede regirse por la ley de la selva- deben apostar por un programa político que reforme las instituciones existentes para hacerlas más poderosas y eficaces ante las amenazas de los más fuertes. Controlar y reducir el poder de los más fuertes. Mecanismos que garanticen que la fuerza no será una herramienta para resolver ningún conflicto social. Un fortalecimiento institucional ante los anhelos autoritarios existentes. Unas instituciones que redistribuyan el poder realmente por medio de mecanismos democráticos -ya sea a escala nacional como global- y que sustenten las condiciones sociales, económicas y políticas necesarias para que el nuevo orden que nazca de este desorden global sea más justo a todos los niveles. Unas instituciones, en definitiva, fundamentalmente democráticas en las que el poder esté repartido socialmente y en las que ningún actor pueda imponerse sobre los demás. De lo contrario, nos jugamos que el mundo sea un lugar en el que los más fuertes pisoteen sistemáticamente a los demás.

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Mario Ríos* – Público.es

*Analista político, doctorando y profesor asociado de Ciencias Políticas en Universitat de Girona, Cataluña, España, con experiencia en el tercer sector como gestor de proyectos en diversas entidades. Colabora en diferentes medios de comunicación como analista político.