Las provincias en alerta por el ajuste que viene de Nación

Luego de las 10 primeras medidas con recortes anunciadas por el ministro Luis Caputo, los gobernadores agarran la calculadora. San Luis paga sueldos en cuotas, Santiago del Estero declara emergencia y Santa Fe pide continuar obras y transferencias.

 


Dos días después de que Javier Milei asumió como presidente, su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una batería de medidas económicas con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, básicamente con un fuerte recorte del gasto en la administración pública y de distintos sectores que reciben subsidios del Tesoro Nacional, como parte del camino elegido para reducir la inflación.

 


Para buscar apoyo al ajuste, el gobierno de Milei quiere una reunión con los gobernadores


La no renovación de contratos laborales del Estado con menos de un año de vigencia, la suspensión de la pauta publicitaria del Gobierno nacional por un año, la reducción de ministerios, la no licitación de obra pública, la reducción de subsidios a la energía y al transporte, el sinceramiento del tipo de cambio, modificaciones en el sistema de importaciones y potenciamiento de la ayuda social son nueve de las diez medidas anunciadas por Caputo. La otra tiene que ver con algo que golpea de lleno a las provincias: la reducción al mínimo de las transferencias discrecionales del Estado nacional a ellas.

Según Caputo, son “recursos que lamentablemente en la historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos”.

Este ajuste alertó a los gobernadores que agarraron la calculadora y abrieron el paraguas para ponerse en alerta y en sintonía con lo que vendrá. Muchos anunciaron esta semana un plan de recorte del gasto público tras reconocer que existe “una emergencia económica” a nivel nacional. También están los que se adaptan.

Las provincias gobernadas por partidos que integran Juntos por el Cambio (JXC) avalaron la decisión del Gobierno nacional de implementar un recorte en las transferencias no automáticas, lo que representaría un ahorro de 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI), aunque señalaron que esperan definiciones sobre cómo se concretará esa reasignación de recursos. Así lo manifestaron funcionarios de Santa Fe, Mendoza, Corrientes y Chubut, provincias que en el primer semestre recibieron transferencias discrecionales que representaron, respectivamente, 3,7%, 3,6%, 4,9% y 1,6% de sus ingresos totales.

En el caso de Santa Fe, el gobierno de esa provincia analizó el impacto y sobre eso, Maximiliano Pullaro, expresó: “A Santa Fe mucho no la van a joder porque ya la vienen jodiendo desde hace veinte años. Las obras públicas nacionales que tiene la provincia son por 15 mil millones de pesos y están paradas”. Además, preguntó: “¿Qué subsidio indirecto tenemos?”. Y añadió que se compara “Rosario con Esteban Echeverría (Provincia de Buenos Aires), la relación es 1 a 64 pesos por habitante”, por lo que evaluó que “es muy poco” lo que “le puede joder eso a Santa Fe”.

Sin embargo, del otro lado están los preocupados. Anoche, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, presentó el estado financiero de la provincia que dejó la gestión de Alberto Rodríguez Saá, que muestra un déficit de “más de 125 mil millones de pesos”, y anunció una política de ajuste, que incluye que los sueldos de diciembre y enero de estatales se pagarán en dos cuotas.

En un mensaje que fue trasmitido por los medios oficiales de la provincia: “La provincia está en déficit, en rojo. Significa que gastó más de lo que ingresó. San Luis hace 4 años que viene con déficit. En 2020 ascendió a $4.172 millones, en 2021 a $9.117 millones, en 2022 a $7.172 millones y el de 2023, con recursos por $456.641 millones y gastos por 581.761 el déficit ascenderá a $125.119.974.433,75”, detalló Poggi.

“En 8 años se gastaron US$275 millones y sólo quedó un remanente de US$16 millones, que no alcanzan ni para pagar sueldos de un mes”, lamentó. Para hacer frente a esta crisis, anunció una serie de medidas de ajuste para disminuir el déficit, entre ellas se destacan dos “relevantes” para la provincia según sus palabras, que corresponde en tomar deuda, por lo que llamó a sesiones extraordinaria para que se apruebe un proyecto de ley en el que se solicita tomar deuda alrededor de $150 mil millones, lo que equivale a seis meses de coparticipación y destinado a pagar sueldos.

La segunda medida es que por primera vez en la provincia no se pagará los sueldos de la administración pública de manera total, se hará en dos veces para los meses de diciembre y enero, y pidió que sea extensiva para los demás poderes del Estado. Además, explicó que firmó el decreto que declara el estado emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, sanitaria, alimentaria, educativa y de seguridad por el término de un año.

Además, en San Luis se suspenderá la pauta oficial por cuatro meses, se suspenderán obras públicas y se revisarán gastos de la gobernación como los del parque automotor.

El caso de Santiago del Estero: emergencia y medidas restrictivas y de control del gasto público
El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, declaró hoy el estado de “emergencia económica” en la provincia y la aplicación de “medidas restrictivas y de control del gasto público” por los próximos seis meses.

“Los anuncios realizados (a nivel nacional), si bien no conocemos los alcances, nos obliga a tomar medidas preventivas, de precaución y de mucho cuidado en la administración de los recursos y por eso estoy enviado esta próxima semana un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la emergencia económica, medidas restrictivas y de control del gasto público”, indicó Zamora esta mañana a través de un mensaje grabado y publicado en sus redes sociales.

Entre las medidas, el gobernador anunció “el congelamiento de vacantes, de nuevos nombramientos o contrataciones en la administración pública y organismos descentralizados por el término de seis meses” y dijo que “por el mismo término, se congelarán las partidas presupuestarias de la administración pública para gastos de promoción o difusión oficial”.

Zamora anticipó que también por seis meses se “suspenden las transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comisiones municipales”, en tanto que informó que “se continuará normalmente con las obras públicas, pero se suspenderán por seis meses nuevos proyectos y licitaciones que no estén adjudicadas y/o bajo contrato”.

“Esto queda exceptuado en cuanto al mantenimiento de infraestructura o aquellas obras de urgencia para solucionar servicios esenciales”, aclaró el mandatario.

Asimismo indicó que se va “determinar un estricto control y reducción de gastos en todos los organismos públicos con adecuación de las estructuras administrativas” y “se impondrán límites para el uso y renovación de partidas presupuestarias en fondos específicos permanentes o cuentas especiales”, así como un “régimen especial para el otorgamiento, rendición y control de subsidios otorgados por el Estado”. Además, habrá “estrictos controles del uso de fondos de cualquier índole provenientes del Estado nacional o de financiamiento internacional como también el producido por las cuentas especiales provinciales”.

Otras de las medidas, será -según detalló- “el estricto control del uso de vehículos oficiales, bajo responsabilidad directa del funcionario a cargo, y la suspensión de alquileres de vehículos o maquinarias por parte de las reparticiones, organismos descentralizados y entes autárquico”.

Según indicó, las medidas anunciadas “tienen como objetivo mantener el cuidado de los recursos, que además con las medidas anunciadas y propias palabras de los funcionarios nacionales van a generar ciertas características recesivas en la economía que también van a bajar los ingresos de las provincias”.

La preocupación de Santa Fe
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, dijo que analizó junto con el gobernador Maximiliano Pullaro las medidas anunciadas el martes último por el ministro de Economía, Luis Caputo, y anticipó que “van a incidir en la economía de Santa Fe y en las finanzas públicas”.

“Lo que se anunció sobre la interrupción de la obra pública nacional, el ministro ha aclarado que eso iba a abarcar aquellas que no hayan comenzado. Estamos queriendo confirmar que todas aquellas que ya tengan comienzo no van a verse afectadas por esa medida, principalmente porque hay obras de magnitud”, indicó el funcionario.

En ese sentido, enumeró los “gasoductos, obras de saneamiento como el caso del acueducto Rosario, la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas, la cascada Saladillo, pero también tres gasoductos importantes que tienen un aporte muy relevante para la economía provincial”.

Olivares dijo que trabajan en “tratar de confirmar que no se vean afectadas las mismas, y que hoy está ejecutando la provincia de Santa Fe con fondos nacionales”. En esa línea, añadió que “son compromisos que asumió el Gobierno provincial contando con recursos nacionales”, y además mencionó “la relevancia de otras obras que se ejecutan desde el Gobierno nacional en territorio santafesino”.

El ministro dijo que lo que tratan de hacer es “relevar cuáles son las transferencias que vienen por fuera de los fondos de Coparticipación, que ingresan en forma automática sin ingresar al Presupuesto Nacional” y agregó que en este caso están “chequeando todas aquellas transferencias que provienen del Presupuesto Nacional que no deberían entenderse abarcadas dentro de las discrecionales”.

MM/JJD

Con información de Agencia Télam