Massa aspiraba a recibir dólares que alimentaran las reservas por cerca de US$ 1.000 millones. Las empresas se resistieron y, pese a que ENACOM habilitó la subasta en moneda local, mantienen otras objeciones.
Tras una discusión extenuante con los principales actores de las telecomunicaciones —Telecom, Movistar, Claro y Telecentro— y entre diferentes áreas del Ejecutivo, ENACOM anunció el lanzamiento de la subasta de 300 MHz en la banda comprendida entre 3.300 MHz y 3.600 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno. El precio base para cada lote fue establecido en US$350 millones, por lo que la suma de los tres redundaría en US$1.050 millones.
La citada es la banda más apetecible en función del alcance técnico y la población objetivo, indicó una fuente al tanto de las negociaciones. Otras bandas brindan posibilidades de máxima precisión, pero menor mercado potencial, y a la inversa.
5G es una tecnología que permite altas prestaciones para determinadas industrias, ya sea para el manejo a distancia de instrumentos sofisticados en tiempo real, con una reducción al mínimo de la “latencia” —por ejemplo, una intervención quirúrgica— o para la transmisión masiva de datos —por ejemplo, de medidores de consumo de gas—, indicó a elDiarioAR el consultor en telecomunicaciones Enrique Carrier.
La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento.
Industrias como la minería, Vaca Muerta y el agronegocio podrías valerse de la tecnología y expandir sus fronteras. En cuanto al público masivo, los usuarios podrían constatar los beneficios del 5G en lugares de alta concentración, como recitales, espectáculos deportivos y artísticos, o centros comerciales. Hoy, las muchedumbres tornan insuficientes las antenas de 4G, mientras que la nueva escala solucionaría el colapso, indicó Carrier.
El 10 de diciembre a la vista
La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento.
Massa, con incidencia directa en ENACOM a través del presidente del organismo, su allegado Claudio Ambrosini, aceleró la subasta pese a las turbulencias financieras y la incertidumbre política y económica que genera el proceso electoral. La coincidencia en la industria y en las oficinas del Gobierno involucradas era que ya no quedaba margen para postergaciones si el objetivo era conceder el espectro por 20 años antes del 10 de diciembre.
Con el antecedente de la licitación del espectro 4G en 2014, que le valió al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la recaudación de US$2.200 millones y resultó en una sustancial mejora en la calidad de las comunicaciones móviles, el Ejecutivo de Alberto Fernández aspiraba a un resultado similar, de menor monto y otro tipo de prestaciones.
Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro. En ese punto, Claro, tercer gran actor de las telecomunicaciones en Argentina, propiedad del mexicano Carlos Slim, se mostró más permeable a ingresar moneda dura al país, en el marco de una política comercial que en la industria consideran agresiva y ante la posibilidad de ganar espacio en TV paga y banda ancha, expresó una fuente al tanto de las negociaciones.
Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro
Las empresas mencionadas facturan sus servicios a casi la totalidad de la población argentina y enfrentan restricciones parciales para acceder a dólares a la cotización oficial, por lo que Telecom y Movistar consideraban inadmisible la obligación de erogar dólares, tal como había planteado el Gobierno antes y después de la llegada de Massa al Ministerio de Economía, hace 13 meses.
El propio titular del Palacio de Hacienda computó en febrero pasado que ENACOM podría recaudar US$1.500 millones con la subasta en cuestión, y que ello iría a fortalecer reservas. Alberto Fernández también se había manifestado en similar sentido.
En dólares, pero en pesos
La resolución de ENACOM publicada el martes en el boletín oficial establece que la cotización de la oferta debe ser formulada en dólares, pero el inciso 2 del artículo 37 aclara que, “de conformidad con lo establecido en el Código Civil y Comercial”, la erogación podrá ser en “moneda de curso legal” con el “tipo de cambio vendedor” fijado en el Banco Nación “el día hábil inmediato anterior a efectuar el pago”.
Las empresas, que desde la privatización de ENTEL en 1990 demostraron conservar alta rentabilidad tanto en escenarios intervencionistas como de libre mercado, ahora quedan habilitadas para utilizar sus depósitos, bonos y otros instrumentos en pesos, pese a que, por el volumen de su facturación y sus reservas internacionales, también cuentan con acceso a dólares en el exterior. En particular, Movistar podría apelar a un giro de su casa matriz, pero en todo el transcurso de la negociación dejó en claro que no lo haría, indicaron una fuente del Gobierno y otra de la industria.
La habilitación del pago en pesos atiende una de las principales demandas de los potenciales ofertantes, pero no fue la única decisión que benefició al trío de jugadores en el mercado móvil. Otros aspectos de la convocatoria de ENACOM generan resistencias y llevan a que las Telecom, Movistar y Claro, por ahora, no se hayan expresado en público al respecto.
Un dato elocuente es que los representantes de Juntos por el Cambio en ENACOM, José Corral y Silvana Giudice, votaron en contra del llamado a licitación. Giudice en particular lleva dos décadas de actuación pública con posturas que inexorablemente son coincidentes con las del grupo Telecom/Clarín.
El cuarto en discordia
Durante los meses de discusiones se barajó la posibilidad de que se habilitara a un cuarto operador. Esa hipótesis tenía nombre: Telecentro, la empresa de TV paga y banda ancha del duhaldista expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. Su eventual presencia en la compulsa generó un forcejeo entre Massa y Alberto Fernández, en la que se impuso el criterio del primero. El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro.
Otras miradas dentro del Ejecutivo pugnaron por una apertura mayor, que sacara la puja de las manos exclusivas de firmas que son largamente cuestionadas tanto por su reparto estanco del mercado como por la calidad del servicio que prestan. Una licitación más segmentada, no integral, que exigiera contraprestaciones para acceder al negocio más lucrativo, habría dado espacio para nuevos jugadores o habría condicionado a los grandes, indicó otra voz al tanto de las idas y vueltas de la subasta.
El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro
De todas formas, ni el uso de pesos para acceder al 5G ni la reserva de mercado para actores conocidos agotan el debate. Las empresas cuestionan el monto base de la oferta (US$350 millones) y el otorgamiento de 100 MHz a la estatal ARSAT, dispuesto también por ENACOM.
La aparición de ARSAT como “cuarto operador” por ahora es meramente formal. La empresa estatal no tiene infraestructura ni capacidad de financiarse para desarrollarla. Los 100 MHz que le asignó ENACOM, además, no están “limpios”, es decir, hay operaciones piloto o puntuales en ese segmento que deberían ser reasignadas.
El papel de ARSAT genera aprehensión en las grandes porque entienden que podría ser una vía para que entre un competidor que alquile el espectro de la firma estatal o que se asocie a ella sin haber pagado el equivalente en pesos a US$350 millones, indicó una fuente de la industria citada por la agencia de noticias estadounidense REDD Intelligence. Los nombres que sobrevuelan la aprehensión de los grandes son el citado Pierri y el grupo Vila-Manzano, que participó de la licitación del 4G, pero abandonó el intento.
Red “neutral”
El precio base de US5350 millones también genera quejas en la industria. “Aunque sean al cambio oficial, son muchos pesos y hay que tenerlos”, dijo la fuente de la industria.
Carrier coincide en que el precio es alto en relación a las experiencias ya consumadas en Brasil y Chile.
En el Gobierno responden que se establecieron requisitos más bajos para el denominado “despliegue” en infraestructura. Un precio de licitación más bajo y exigencias más altas en tiempos y montos de inversión habrían sido un factor desalentador para un negocio que requiere insumos importados, es decir, bienes a ser pagados en dólares, indicó una fuente citada por REDD.
A la presencia de ARSAT y el precio base, Carrier suma otro aspecto que podría generar reticencia en las tres grandes de las telecomunicaciones: la tarifa social. Si bien restan aspectos por definir, el pliego exige prestaciones a precios bajos que podrían llegar a beneficiar a un tercio de la población.
El negocio de las telecomunicaciones encuentra múltiples aristas, que se entienden a la luz del volumen de facturación y la incidencia en la vida cotidiana de la población.
Otra de las aristas que quedó resuelta en la resolución de ENACOM es la “neutralidad” de la red. Ello quiere decir que el regulador no exige un tipo particular de tecnología, sino que habilita a cada prestador a contratar proveedores según su criterio. Ese mercado encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero una firma sobresale por participación de mercado, la china Huawei, que facturó US$96.000 millones en 2022.
Ese mercado de tecnología 5G encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero uno sobresale por participación global de mercado, la china Huawei, que facturó US$ 96.000 millones en 2022
Estados Unidos puso toda su capacidad de lobby en contra de Huawei, pero el Gobierno argentino se ancló en la “neutralidad”. Esa decisión no fue objetada por Telecom, que ya contrató a la firma china para el desarrollo piloto de la red 5G.
Otro punto que estuvo presente durante los dos años de negociación fue el decreto 690 de 2020, que definió a la industria de las telecomunicaciones como servicio público esencial en competencia. Esa decisión de Alberto Fernández otorgó al Estado una amplia potestad regulatoria sobre tarifas y prestaciones de la TV paga, la banda ancha y las comunicaciones móviles. Toda la industria reaccionó en contra y las grandes del sector obtuvieron cautelares que, tres años más tarde, siguen vigentes, ante la inacción de la Corte Suprema.
Así las cosas, no habría que descartar que los tribunales federales se presten a otorgar nuevas cautelares si es que alguien busca postergar la licitación hasta más allá del 10 de diciembre.
JJD