Una eventual respuesta del Gobierno será preservarse de hacer grandes cambios en la cotización del tipo de cambio mayorista oficial. Eso significa que no ajustará por precio, por ende, la maniobra será por cantidad. La administración de los dólares se volverá aún más celosa. Es probable que las importaciones se recorten aún más. Esto tendrá seguramente impacto adicional en la actividad económica, reforzando una caída en la recaudación.
Con menos recursos y menos dólares en las reservas, las presiones en el sistema de precios domésticos se intensifican. Lo que merece destacarse, es que hay sueltos en la economía local, varios círculos viciosos procíclicos que, al estilo pac-man, van erosionando los herramentales que puede utilizar el equipo económico. Eso obligará, más pronto que tarde, a sentarse en la mesa del FMI, negociar fuertes modificaciones en el acuerdo a partir de una definición trascendental: el acuerdo firmado no puede ser cumplido en 2023.
Por último, por si la sequía, la guerra y los problemas domésticos no fuesen suficiente, ahí está la crisis bancaria en EE.UU. que desplomó la renta fija soberana argentina casi 8% en apenas unos días. Las emisiones de deuda caen ante un aumento de la percepción de riesgo y un movimiento desde activos de riesgo (bonos de mercados emergentes) a bonos del Tesoro de EE.UU.
La sumatoria de los factores expuestos -que se suman a las dinámicas domésticas que vienen operando como la falta de dólares, la imposibilidad de fondeo, la alta inflación- perfectamente entrarían en una mesa de negociación con el FMI. ¿Qué otro acreedor de la Argentina tiene hoy la posibilidad de aceptar que la sequía, la guerra y hasta la crisis bancaria en EE.UU. han tenido un efecto demoledor en las posibilidades de cumplir con el acuerdo?
Ante los ojos del mundo, Kristalina Georgieva, la titular del Fondo, puede sobrevolar el laberinto argentino y acaso, en un sutil movimiento, poner en pausa la draconiana promesa firmada en su momento, reconocer cláusulas olvidadas, generar un margen para que el Gobierno haga política anticíclica. Permitir, en definitiva, una salida por arriba, que podría ser una salida negociada, para evitar que el costo de un ajuste se transforme en algo disruptivo y desestabilizador, máxime en un año electoral, con la incertidumbre propia de esa coyuntura.