Uno es Ramos, que desestimó la denuncia contra Robles en duros términos contra el espionaje ilegal. El otro es Ramos Padilla, que pidió tenerlo en cuenta. Convocan al fiscal Mahíques y a los testigos pedidos por Carrió.
Estos dos últimos serán los primeros en comparecer sobre su intervención en las causas que evalúan si es posible incorporar como prueba de investigación supuestos chats entre el vocero de la Corte Silvio Robles y el ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro. El Frente de todos considera que habrían influido en el fallo que subió la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
La mayoría oficialista que domina la comisión de juicio político, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, avaló además el entrecruzamiento de llamados de estos funcionarios como medida de prueba. Deberá gestionarlo la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia ante la Dirección de Escuchas, administrada por la Corte Suprema.
Curiosamente, quien propuso citarlos en la comisión fue el kirchnerista Rodolfo Tailhade. Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, dobló la apuesta y anunció que el lunes denunciará en la justicia supuestas presiones de Lorenzetti al Congreso, a partir de notas periodísticas que dieron cuenta de diálogos del juez con gobernadores y legisladores del Frente de Todos.
«Voy a incorporar las entrevistas que hizo Lorenzetti antes que esta Cámara rechazara subirle Ganancias a los jueces, en las que dijo que había hablado con diputados hasta alta horas de la noche», anticipó Tailhade, en un juego de complicidades con la coalición cívica que incomodó al resto de los integrantes de Juntos por el Cambio. De hecho, Oliveto celebró que el kirchnerismo haya ignorado presiones del ex presidente de la Corte y pidieron su juicio político junto al resto de los jueces.
La hoja de ruta que resolvió la mayoría oficialista empieza el jueves próximo con las citaciones de Ramos y Ramos Padilla, para resolver si puede considerarse como prueba de mal desempeño de los cortesanos supuestos chats entre D’Alessandro y Robles, que piden investigar en el oficialismo.
Entienden que esas conversiones suponen una parcialidad de Rosatti en la causa en la que falló a favor de la ciudad por el aumento de la coparticipación.
Ramos, mientras subrogaba a la jueza María Eugenia Capuchetti, consideró que esas conversaciones no pueden ser tenidas en cuenta porque surgieron de un espionaje ilegal. Pero su colega de La Plata Ramos Padilla, ante un pedido del gobernador Axel Kicillof, sostuvo que sí deben investigarse pero le giró la causa por considerar que la competencia originaria es Comodoro Py. Tuvo en cuenta causas por el mismo tema que están abiertas en La Rioja y Santiago del Estero.
La semana que viene también serán citados funcionarios de la Corte Suprema que intervinieron en los fallos cuestionados por el Frente de Todos, como el de coparticipación, el que permitió la salida anticipada del represor Luis Muiña y el que reformó la composición del consejo de la Magistratura.
Deberán exponer Cristian Abrita, ex titular de la secretaría judicial 5 de la Corte; Sergio Romero, subdirector de gestión interna y habilitación de la secretaría general de administración; Silenio Rómulo Romero, secretario judicial 2 Previsional; Alejandro Daniel Rodríguez, secretario de juicios originarios y a los vacales Roberto Saggese y Adriana Valinotti, que responde a Rosatti.
Por pedido de Leonardo Grosso, se sumarán Guillermo Sebastián Garay, María Sofía Sagués, Adrián Esteban Ascárate, Isabel Alducin, Natalia Hilda Monayer, Soledad Castro, todos de la vocalía de Rosatti. Por la de Lorenzetti, será citada María del Carmen Bourdín.
También comparecerán Sergio Miguel Napoli, de la secretaría judicial 4 contencioso; Sebastián Garay, de la secretaría de juicios originarios; Gustavo José Naveira de Casanova, secretaria judicial 7 Tributario, aduanero y bancario; Marcelo Julio Navarro, de la secretaría 6 Laboral; y Damián Ignacio Font, secretario judicial 1 Civil y Comercial.
El reglamento de la Comisión contempla la posibilidad de mandarlos a buscar por la fuerza si no quieren asistir.Gaillard lo leyó antes de terminar la reunión y Tailhade recordó algunos antecedentes de allanamientos del congreso en los 80 y los 90.
El oficialismo enumeró 60 hechos como causales de juicio político a los miembros de la Corte, que se suman a los 29 de la Coalición contra Lorenzetti. Algunos coinciden, como el manejo presupuestario, de la obra social y de las escuchas judiciales, que en 2015 fueron transferidas desde el Ministerio Público al máximo tribunal.
Los testigos serán indagados por todos los hechos en que tengan incumbencia y sumarán información a cada legajo. Por caso, Cimadevilla fue senador de la UCR y miembro del Consejo de la Magistratura, por lo que podría hablar sobre ese organismo.
La reunión comenzó con un reclamo de Junos por el Cambio para no citar a Robles y D’Alessandro, incluidos por el Frente de Todos entre los testigos en la resolución votada hace una semana, pero que no tenían previsto convocar para las próximas reuniones.
«No pueden ser citados porque hay causas penales en curso que se están investigando si los chat son delito o no. Si vienen, lo único que van a hacer sentarse y decir: me niego a declarar», sostuvo Pablo Tonelli, del PRO, para quien estas demandas violan el artículo 18 de la Constitución, que protege las comunicaciones.
Reclamó además dejar afuera como prueba las conversaciones telefónicas, incluidas en le pedido del oficialismo. «¿Vamos a pedir todas las conversaciones de Tribunales? Esto sólo puede ser con intervención de un juez», consideró Tonelli.
El jefe del oficialismo Germán Martínez recodó que esas medidas de prueba ya fueron aprobadas hace 7 días. «No somos fiscales de nadie. Estamos en una etapa probatoria de un potencial juicio. Pero tampoco somos abogados defensores».
Le respondió Juan López, de la Coalición Cívica. «Nos debemos un debate sobre los alcances constitucionales de la etapa de admisibilidad», protestó. Se molestó además porque entre los citados está el fiscal Carlos Stornelli, quien instruyera la mayoría de las causas por corrupción del gobierno de Cristina Kirchner; y se piden medidas de prueba para comprobar si Robles y D’Alessandro fueron al cumpleaños del fiscal Mahíques.
Tailhade explicó que necesitaban saber porqué Stornelli consideró como prueba válida los cuadernos del ex chofer presidencial Oscar Centeno y no así los que se filtraron del funcionario de la Corte y el ministro porteño. Y luego propuso dejar para más adelante la medida de prueba de esa fiesta, pero citar a Mahíques para dentro de unas semanas.
Aclaró que el entrecruzamiento de llamadas no incluye el contenido de las comunicaciones. «Por ahí nos encontramos un llamado con Larreta, que tiene un caso en la Corte», especuló el diputado kirchnerista. Su par Leopoldo Moreau explicó que la Dirección de Escuchas de la Corte tiene un acuerdo con la bicameral de fiscalización de inteligencia que él preside y en tal caso puede librar los oficios. «Pero esa comisión actúa en forma reservada», aclaró Graciela Ocaña, cercana a Larreta.
Tailhade sumó entre los posibles citados al senador José Torello y al ex asesor Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, exiliado en Uruguay. Los acusa de haber acorado fallos con Carlos Rosenkratz cuando trabajaban en la Casa Rosada durante el gobierno de Macri.
«Si les parece podemos pedir a Interpol para tener un zoom con Pepín», chicaneó antes de cerrar la reunión, en la que se tuvo votar cada ampliación de testigos. Hubo diputados radicales y del PRO que no quisieron levantar las manos por las propuestas de la Coalición Cívica. La mayoría oficialista alcanza para manejar la agenda. Que tiene varios meses por delante.
