La comisión, presidida por la diputada del Frente de Todos (FdT), Carolina Gaillard, trata los 14 expedientes presentados en la Cámara baja que contienen más 60 acusaciones contra los miembros del alto tribunal, y que será clave para determinar si existen argumentos para aceptar la admisibilidad del juicio político y comenzar la etapa de recolección de pruebas.

La admisibilidad del juicio político se definirá en la reunión del próximo jueves 9 de febrero por simple mayoría, y allí el oficialismo está en condiciones de imponer su postura para abrir el sumario y comenzar la investigación que contemplará pedir documentación, convocar a los acusados, citar testigos, y en caso de que no concurran pedir su citación por la fuerza pública.

En la comisión, el Frente de Todos está representado por 16 de los 30 integrantes que la componen.

De qué se acusa a los jueces de la Corte

Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.

Tras escuchar a los impulsores de los juicios políticos y que se vote la admisibilidad comenzará la recolección de pruebas y allí se deberá diagramar la convocatoria a testigos.

El FdT quiere convocar al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; a mandatarios provinciales; a Silvio Robles -colaborador y mano derecha de Rosatti- y a Marcelo DAlessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño que se encuentra en uso de licencia por el escándalo del viaje con jueces y empresarios a Lago Escondido.

Comisión de Juicio Político: qué se dijo?

Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político, explicó  que el jueves «se analizará cuáles serán los pedidos de juicio admisibles» y señaló que luego se podrá abrir el sumario para la recolección de pruebas.

El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica), solicitó que los cargos contra cada juez se voten por separado para que se dé la posibilidad de marcar las disidencias que se pudiesen suscitar.

El pedido de juicio político impulsado por el oficialismo fue argumentado por el diputado Eduardo Valdés, quien acusó a Rosatti, Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti de violar la Constitución y de no tener «idoneidad» debido a la sentencia elevada por la coparticipación, así como también de haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura, de querer aplicar la ley del 2×1 en un caso de lesa humanidad y también por el manejo de la obra social.

Valdés fundamentó como una de las causas del mal desempeño de los jueces del máximo tribunal el fallo sobre la coparticipación, ya que «distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución al no convocar a los gobernadores». Subrayó que la Corte Suprema «asumió funciones legislativas, prohibidas por la Constitución,».

Por su parte, Paula Oliveto, diputada de la Coalición Cívica, aseguró que el pedido de juicio político contra Lorenzetti pertenece a su bloque, data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió. «En ese momento éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni por Germán Garavano, su ministro de Justicia».

En tanto, la diputada oficialista María Rosa Martínez, quien también presentó un pedido junto a su par Pablo Carro contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, precisó que «tiene que ver con el manejo de la obra social del Poder Judicial e incluye el mal desempeño y la posible comisión del delito de malversación».

BAE