Milagro Sala está en condiciones de recibir el indulto presidencial

“Es tiempo ya, aseguren La Paz social”, piden organizaciones de DDHH, tras el fallo de la Corte.


El día 24 de Enero de 2002, Eduardo Duhalde, en el ejercicio de la presidencia de la Nación, firmó el decreto 181/2002 en el cual indultaba a Alejandro Vecchi.

Alejandro Vecchi es un abogado penalista, que había representado oportunamente ante la justicia de la provincia de buenos aires a la familia del fotoperiodista asesinado José Luis Cabezas en aquella causa en la que se investigaba su homicidio.

Años después de su intervención, por hechos que no guardaban ninguna relación con aquella actividad profesional anterior, Vecchi fue condenado en la Ciudad de Buenos Aires por el delito de estafa, hecho que fuera de estricta trascendencia en el patrimonio privado de las partes, con ámbito de intervención en la jurisdicción ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

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Por esa condena, por un delito alejado de la jurisdicción federal, y por la trascendencia pública de la persecusión judicial sufrida por Vecchi en su intervención como abogado de la familia de José Luis Cabezas, Duhalde sostuvo que tomaba la decisión “evaluando no solamente los aspectos técnicos sino el superior objetivo de contribuir a la paz social y a la reconciliación de los argentinos con sus Instituciones”.

Aquél decreto de Eduardo Duhalde es un antecedente que acredita los alcances que puede ostentar en nuestra vida institucional la figura del indulto. Los derrotero de opiniones doctrinarias acerca de la naturaleza jurídica de una figura como la del indulto podrán ocupar horas de la vida académica de las Facultades de Derecho. Pero aún así, rémora monárquica mediante, ahí está, enclavada en nuestra Constitución, con antecedentes concretos y materiales de ser utilizados con amplia consideración en nuestra historia reciente.

En el caso de Milagro Sala, además, la intervención de la Corte Suprema, máximo órgano federal del Poder Judicial, en examen de un recurso previsto por la ley 48 que habilita la jurisdicción a conflictos que involucran debates de naturaleza federal, sumado a las intervenciones anteriores de la CIDH y organismos internacionales que intercedieron frente a la inocultable persecución política y judicial, habilitan el INDULTO de manera incuestionable, considerando además la gravedad institucional de los conflictos.

El debate sobre la procedencia o no del Indulto a Milagro Sala, es apenas un estertor más de los conflictos políticos que encuentran prepotencia en quienes la persiguen y amenazan ahora con trasladarla a un penal, y la tibia defensa de aquellos que anhelan su libertad, pero no pueden hacer trascender su responsabilidad institucional de la arenga por redes sociales.

Organizaciones de DDHH exhortan: “Es tiempo ya. Aseguren la PAZ SOCIAL, vuelvan a darle sentido al respeto institucional de la mayoría popular que les puso en la mano los resortes institucionales de poder del Estado. Y reparen la salvajada de la prisión a Milagro Sala”.