La aplicación del ajuste por inflación impositivo que podría ser incluido en el Presupuesto 2023 viene cruzado por intereses que se contraponen con el propio Estado Nacional. Desde su restablecimiento en 2018, su imputación se realizó en cuotas, primero en tercios y luego en sextos por dos ejercicios a partir de diciembre de 2019. En el caso que no se prorrogue el actual régimen, el ajuste por inflación por el impuesto a las ganancias se debería aplicar de manera plena en un solo ejercicio fiscal.
En la visión del fisco, la extensión del mecanismo en cuotas tiene dos razones. En primer lugar, aumenta la recaudación, esto porque entiende que hay más empresas que tienen pérdidas por aumento por inflación que aquellas que obtienen ganancias. Entonces, en el universo total, hay una pérdida neta que en lugar de deducirse en un ejercicio se deduciría en tres ejercicios a valor nominal. En segundo lugar, porque promueve la inversión y el empleo.
En el proyecto del Presupuesto 2023, en su página 324, se detallan los beneficios no incluidos en el articulado que generarían un aumento de la recaudación para el Estado Nacional. Y allí se dimensiona que, por el no diferimiento en cuotas del ajuste por inflación impositivo, el fisco dejaría de recaudar por lo menos $ 237.000 millones. Obviamente, esta menor recaudación también tendrá impacto en las provincias que se verán afectadas por una menor coparticipación.
El sector financiero es el principal interesado en que el ajuste por inflación se aplique de manera plena en un solo ejercicio, por ello activó su poder de lobby con los diputados para que el régimen de aplicación en cuotas no se prorrogue. Lo que pretenden los bancos, principalmente los extranjeros, es poder descontar en sus balances el impuesto en una sola vez y no en cuotas, aunque esto signifique una menor recaudación para el Estado Nacional. Es decir que los grandes ganadores de siempre no quieren repartir el costo y sólo buscan su propio beneficio.
Este lobby financiero no sólo afecta al fisco y a las provincias, sino también al sector energético, cuyas empresas de capital intensivo realizan grandes inversiones de alto riesgo a largo plazo y que requieren el acceso al financiamiento interno y externo. Lo que ocurre es que el ajuste por inflación del impuesto a las Ganancias a estas compañías les ocasiona una ganancia monetaria contable o ficticia, razón por la cual su imputación en cuotas, les permite seguir invirtiendo y generar empleo. Fuentes del congreso explican que con la aplicación plena del ajuste por inflación impositivo “se perderán inversiones productivas en Vaca Muerta que ahora deberán ser giradas para pagar el impuesto a las ganancias”.
