Todos hablan de las Pymes. Desde los portavoces del capital concentrado que hace del monopolio, la posición dominante y la creatividad contable sus prácticas “de mercado” más eficaces, hasta la dirigencia opositora que, cuando le tocó gobernar, ahogó a la industria argentina de mediana y pequeña envergadura y ahora asegura que, si vuelve a gobernar, hará lo mismo, pero más rápidamente y adoptando medidas muy dolorosas.
Todos hablan de las Pymes. También los representantes del movimiento obrero que saben y entienden que la alianza entre el capital y el trabajo es la llave que abre la puerta hacia la prosperidad cuando es la resultante de la participación equitativa de ambas dimensiones de la economía en la apropiación de la renta nacional. Y también saben y entienden que las Pymes contienen, como mínimo, un piso del 75% del empleo privado registrado.
Todos hablan de las Pymes, pero las Pymes no aparecen ni actúan a través de una representación unificada como sujeto visible de la agenda política con la fortaleza, la determinación y la identidad de clase con las que sí lo hace la mayoría de los colectivos, en sus diversas vertientes: trabajadores, organizaciones de derechos humanos, piqueteros, movimientos sociales, patronales industriales y agropecuarias, feministas, ambientalistas, la economía popular.
Ciertamente, existen entidades gremiales empresarias que representan a empresas de escala Pyme. No pocas con alcance nacional y en buen número del orden provincial o distrital. Divididas, a su vez, por las ramas de la especialidad de sus asociados. Se trata de un entramado de asociaciones, cámaras, federaciones y confederaciones tan vasto como disperso que, si bien demuestra una extendida vocación por la participación institucionalizada, desde el inicio de la recuperación de la democracia no alcanzó a constituir un liderazgo con la capacidad de identificar y comulgar con el total del universo que la noción Pyme contiene.
La imposibilidad de tantos años para conformar una vía de acción política sectorial única se explica, como lo afirmamos en un artículo anterior, en la enunciación de dos postulados propios y uno exógeno.
Uno de los propios es el que pregona que el trabajador es el enemigo por antonomasia del empresario. Esta consigna, sintomática del catálogo de la derecha, saltea la evidencia capitalista que indica que la acumulación de valor comprende una necesaria convergencia de los intereses de ambos conjuntos.
Los gremios obreros lo saben al pie de la letra. Por eso, la identidad de clase y su pertenencia sindical hacen a la esencia del trabajador tanto como su ligazón al lugar donde se desempeña. Al contrario de lo que le ocurre al empresario Pyme, que no ha sabido ni querido integrar, a la par de los trabajadores organizados y en un plano de igualdad, la columna vertebral del hecho productivo que crea y constituye la riqueza de la nación.
El segundo postulado interno es el que señala que la dirigencia empresaria no debe enrolarse en ningún encuadre político. Esto, con excepción de la representación del poder económico, al que no le cabe indicación ni condicionamiento ningunos porque atesora la hegemonía del sentido común, de lo políticamente correcto y de la moda ideológica. Las grandes compañías quizás no pronuncien a viva voz a quién prefieren en cada elección, pero hacen saber, sin cortapisas ni dobles mensajes, a quiénes jamás votarán.
Ambas características, que son intrínsecas de la conducta empresaria Pyme, han sido fogoneadas por las administraciones antiindustrialistas, extractivistas y primarizantes que clausuraron decenas de miles de Pymes. Sus personeros y personeras deambulan cómodos y sin sobresaltos por el escenario político, porque en la agenda pública el interés Pyme está subrepresentado y luce disgregado y débil. Por eso los delegados del capital concentrado fungen de gestores del segmento del capital nacional que más trabajo da y más territorio ocupa, alegando y actuando en su nombre.
Los gobiernos no son ajenos a esa contradicción invisibilizante. Todos los días funcionarios y funcionarias reciben y se muestran con los lobbistas del poder, dando por sentado que la voz Pyme habla por boca de ellos, cuando lo que en realidad se juega entre Pymes y las grandes empresas es una relación contradictoria de subordinación comercial y de tensión técnico-productiva, que se resuelve como se resuelven las disputas cuando un peso pesado confronta con uno de peso ligero.
A esos dos ingredientes propios de la actividad gremial empresaria Pyme debemos sumar, entonces, el elemento exógeno, que es la escasa o inorgánica voluntad política de los gobiernos dirigida a interactuar con una representación unificada Pyme.
Una adecuada lectura de la actualidad coloca a este tercer aspecto muy por encima de los dos primeros, en el orden de importancia de las cuestiones que causan la relegación Pyme.
En este instante clave, el Gobierno Nacional se debe a sí mismo la decisión estratégica de establecer, proactivamente, un puente de diálogo eficaz con las representaciones del capital nacional de mediana y pequeña escala, en todas sus expresiones industriales, agropecuarias, tecnológicas, comerciales y de provisión de servicios.
La confluencia de la meta económica de prosperidad con la meta política de inclusión de todos y todas exige, para su efectivización, el protagonismo Pyme. Es inherente a una estructura de gobierno con perspectiva popular que las fuerzas productivas del capital nacional constituyan una voz constante, potente e identificable en el escenario público. Para el peronismo, esa herramienta ha sido imprescindible cuando necesitó y decidió ordenar el juego de contradicciones y tensiones al que referíamos renglones arriba.
En esta mitad de año 2022, la dispersión y la endeblez simbólica de la representación Pyme son obstáculos que se oponen al apuntalamiento de la puja distributiva en favor del salario, el consumo y el agregado de valor.
Dentro de ese contexto, surge relevante el hecho de que una porción sustantiva de la dirigencia Pyme abona un ideario industrialista, federal y de comunión con los trabajadores, que va en línea con el contrato electoral que se celebró en los comicios de 2019.
Tal circunstancia ofrece una oportunidad que tiene que ser aprovechada por la autoridad política para propiciar y articular un proceso de unificación de la representación Pyme, insumo esencial para encaminar la gestión y relanzarla hacia la concreción del ideal de la comunidad organizada. Y esto, para el Gobierno, más que una oportunidad, es un imperativo.
