El aumento anunciado meses atrás del 20% en las tarifas de los servicios, ha sido pulverizado por el acuerdo con el FMI. Solo serán destinatarios del 20% de aumento quienes posean tarifa social (alrededor del 24% de los usuarios). Para una masa significativa de los usuarios el aumento se fijará tomando el 80% del Coeficiente de Variación Salarial.
Es decir, si se considera una paritaria anual promedio del 50% (en función de una inflación que se estima en torno al 54%), los aumentos oscilarán en torno al 40%. Claro está que la mitad de los asalariados en Argentina trabajan de manera informal por lo que el aumento tarifario superará ampliamente el incremento de sus ingresos.
Por último, para el decil con mayores ingresos se eliminarán todos los subsidios por lo que pasarán a pagar entre 2.5 y 3 veces más de lo que actualmente están abonando. Ahora bien, según el INDEC, quién percibe un ingreso de $77000 ya ingresa en el decil más rico de la sociedad, tomando un parámetro que pareciera ubicarnos en 2015, cuando estamos en 2022, luego de 5 años de recesión y 2 de pandemia.
A estos incrementos, se suman los aumentos locales como los que implementa la Cooperativa Eléctrica en Luján, que a partir de marzo empezará a cobrarles a los usuarios un «aporte capital» promedio de $800 para solventar su déficit de cuentas. Una medida impulsada por un Consejo de Administración que no cambia desde hace 30 años y tiene el privilegio de lograr, año tras año, que la institución agrave su situación económica y financiera. En el marco de un año en el que se debe acordar un nuevo contrato de concesión, el gobierno municipal puede y debe intervenir, en su carácter de poder concedente, para evitar el desastre en marcha.
Evidentemente poco se ha aprendido de la experiencia nefasta de Cambiemos (ahora «Juntos») en materia energética y tarifaria; y de los cientos de miles de argentin@s que a lo largo y ancho del país se movilizaron para rechazar los – inéditos – tarifazos implementados por ese gobierno. Tampoco parece que se haya tomado nota del hecho de que en el año 2019 se votó al Frente de Todos, entre otras cuestiones, para que se llevara a cabo un giro de 180° en estas políticas: 2 años después, nuevamente se descarga el ajuste sobre el pueblo argentino.
Lo que impulsa este verdadero retroceso es el bombardeo mediático (y empresarial) de que el gobierno gasta millones de dólares en subsidios a las tarifas de usuarios y empresas. Esto debe terminarse para las usinas del libre mercado. Pero el subsidio en las tarifas no es un invento argentino; es una política implementada a nivel mundial que efectivamente garantiza el acceso de un servicio, que a la vez se constituye como un derecho esencial según lo establecen convenciones internacionales. También contribuye a poner en andas el circuito industrial y productivo. En materia de subsidios energéticos, sobre un total de 152 países, Argentina se ubica en una posición que oscila entre el puesto 65 y 70 en los últimos años (2,6% de su PBI es destinado a subsidios), por debajo de países de la región como Chile o Venezuela.
Lo que mundialmente constituye una política que da previsibilidad de costos y organiza la industria y la producción, garantizando a la vez el acceso a un derecho, en Argentina constituye un despilfarro populista según el discurso neoliberal imperante de los organismos financieros internacionales
De lo que no se habla, ni desde la oposición y lamentablemente tampoco desde el gobierno, es de la herencia recibida del macrismo. Los aumentos de más del 3000% en electricidad, y del 1500% en el gas nunca fueron revisados. Lo mismo sucede con los contratos con las nuevas generadoras eléctricas que triplican el costo por Kw que se paga en todo el continente. Tampoco se ha emplazado a las distribuidoras Edenor y Edesur (por citar los casos más significativos) que tuvieron la mayor rentabilidad empresaria a escala mundial durante el gobierno de Cambiemos, a que realicen las inversiones pendientes en infraestructura. Esas inversiones pendientes que hacen que, cada vez que acontece una ola de calor, colapsa el sistema de distribución y origina que cientos de miles de familias queden sin electricidad durante días.
El absurdo más reciente es el visto bueno del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), dependiente del Ministerio de Producción hace poco más de 1 año, autorizando la compra de la distribuidora Edenor, que pasó del grupo Pampa Energía (Mindlin) al grupo Manzano – Vila – Filiberti, muy ligados al diputado Sergio Massa, quiénes «casualmente» también adquirieron el grupo de Termoeléctricas Araucaria Energy (situadas en Luján, Pilar, Las Palmas y San Pedro). Empresas cuya principal característica es la de violar todas las normativas vigentes al momento de instalarse.
El pase de manos se realizó a partir de la compra del 51% del capital accionario valuado en torno a los 100 millones de dólares. Sin embargo, ambos grupos empresarios tenían esa misma deuda con el estado argentino, que año tras año financia los déficits de cuenta de Cammesa (compañía administradora del mercado mayorista eléctrico) por los incumplimientos en los pagos de estas distribuidoras. Solo bastaba cobrarse esa deuda, y hacerse cargo del paquete accionario para recuperar el control sobre la distribuidora más grande del país. Nuevamente la adopción del manual neoliberal, clausuró cualquier intervención soberana del estado.
Nos estamos acercando a los 30 años de la privatización de SEGBA, la empresa nacional y estatal de energía. La única conclusión a lo largo de todos estos años de provisión del servicio en manos privadas es que las penas han sido del pueblo argentino, y las vaquitas – ajenas – han quedado en manos de unos pocos grupos empresarios (algunos locales, otros extranjeros). Las rentabilidades han sido millonarias, los incumplimientos de los compromisos de inversión han sido permanentes, y la fuga de dólares (por remisión a sus casas matrices o a paraísos fiscales) ha sido sistemática, deteriorando el mercado cambiario y la economía nacional.
Nuestro país atraviesa, otra vez, una de los peores crisis económica y social de su historia, con niveles de pobreza cercanos al 50% de la población, una inflación anual mayor al 50%, y una economía cuyo deterioro productivo e industrial llevará tiempo recomponer. La doble pandemia – sanitaria y neoliberal – que atravesamos no se resolverá si siempre se apela a la receta de que la variable de ajuste sean los más débiles.
Recuperar el circuito de generación, transporte y distribución de la energía en manos del estado no solo es una decisión de orden estratégico en sintonía con lo que hacen las grandes potencias en el mundo; es un acto de justicia social y contribuye a afianzar la soberanía política y la independencia económica del país, a la vez que nos libera de la extorsión del FMI cuyo programa histórico es siempre el ajuste sobre el pueblo argentino y la transferencia de divisas al exterior para el pago de deuda, o a través de las multinacionales (cuya actuación y rentabilidad, nunca está en debate).
Hay que salir entonces del falso debate sobre el subsidio a las tarifas, y poner bajo control estatal la energía que nuestro país produce. Es impostergable e ineludible la estatización de Edenor y Edesur como parte de un plan tendiente a recuperar todo el circuito de generación y distribución de energía.
Hay que salir también de la encerrona de que «no hay alternativas», uno de los lemas fundantes del neoliberalismo expresado por Margaret Thatcher, ministra de Reino Unido, al iniciar las reformas neoliberales en la década del 80, y sobre el que se organiza el escenario político nacional. Indudablemente, la historia enseña que siempre hubo, hay y habrá alternativas. Pero eso requiere la voluntad de torcer lo que se da como establecido (y solo es provisorio), construyendo una correlación de fuerzas – que no es estática sino en disputa permanente – apelando a la reserva de organización política y social que han construido los sectores populares a lo largo de nuestra historia.
También se requiere que la coalición de gobierno que derrotó a Macri, se constituya como un frente político y abra estos debates al conjunto de la militancia y los sectores populares; dando la batalla cultural de que no es en ausencia de política que deben darse estos cambios, sino precisamente ampliando estos debates a todos los ámbitos de la comunidad. ¿Hasta cuándo se esperará para dar inicio a esa tarea?
Santiago Deschutter
