Hace un par de días, desde este portal se destacaba la importancia de un masivo acto que se realizó frente al edificio de Tribunales de la calle Talcahuano, bajo la consigna “Por la democratización de la Justicia”. Por supuesto, los medios hegemónicos (eventualmente cómplices del accionar de ese Poder Judicial totalmente desprestigiado) se encargaron de invisibilizar dicha movilización y dar una interpretación de la misma, absolutamente sesgada. Tal generación de sentido, viciada de intereses, intenta distraer la atención del público respecto de qué significa realmente “democratizar la Justicia”.
El trágico caso de la cocaína adulterada en el barrio Puerta 8 del municipio de Tres de Febrero, cuyo intendente es el macrista Diego Valenzuela (lo recordamos porque es un nombre que casi nadie menciona cuando se hace referencia a este tema), es un claro ejemplo de por qué hay que cambiar el funcionamiento de la Justicia en Argentina.
Joaquín “Paisa” Aquino, sindicado como el cabecilla de la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio Puerta 8, de donde habría salido la droga adulterada, según manifestaciones de varios de los intoxicados, había sido detenido el 30 de mayo de 2018, bajo la acusación de Comercialización de Estupefacientes. Apenas dos meses después, en julio de ese mismo año y vaya uno a saber por quién, Aquino fue beneficiado con lo que se conoce como Salidas Transitorias. Por supuesto, no regresó a su celda y fue declarado “en rebeldía” y con un nuevo pedido de detención. Aparentemente, desde aquél momento y hasta ahora, nadie se había ocupado de buscarlo. O si. Veamos.
En agosto de 2021 (recordemos que el Poder Judicial estuvo prácticamente paralizado por la pandemia) se inicia el Expediente 1842/21, a instancias del Fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Tras una minuciosa labor de la Dirección de Investigaciones Contra El Crimen Organizado, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (sabían por dónde, cómo y con quién se movía Aquino en su accionar delictivo), en Noviembre del pasado 2021 el Fiscal Iglesias solicitó al Juzgado Federal de Tres de Febrero (Titular del Juzgado, el Juez Juan Manuel Culotta, Fiscal a cargo, Paul Starc) una serie de allanamientos tendientes a la detención de Joaquín “Paisa” Aquino. Ni Culotta, ni Starc, hicieron absolutamente nada. Tuvieron que fallecer 23 personas (más de 80 se encuentran internadas con cuadros de diversa gravedad), para que Culotta se dignara a sacar el Expediente 1842/21 del cajón de su escritorio y autorizara las medidas que llevaron a la detención de Aquino y otros integrantes de su banda. Hay quienes dicen que mientras muchos ingresaban agonizantes a varios hospitales del Conurbano, intoxicados por la cocaína adulterada, el Fiscal Paul Starc paseaba por Madrid (así comentan algunos periodistas especializados, aunque ninguno dio esta información como debidamente chequeada). Por estas cosas, entre otras muchas, hay que “democratizar la Justicia”. Porque resulta inaudito que un funcionario judicial, demore tres meses para firmar una detención que (ahora sabemos) hubiese servido no sólo para salvar muchas vidas, sino también para detener el accionar de una banda de narcomenudeo que operaba desde hace mucho y cuyo funcionamiento estaba sobrada y debidamente probado desde hacía varios meses.
Todos sabemos que el tráfico de estupefacientes, es uno de los tres negocios más rentables del mundo, junto con el de armas y el de personas. Sus enormes ganancias permean y corrompen instituciones políticas, judiciales y por supuesto, fuerzas de seguridad. El producto de esa renta, no sólo se blanquea en transacciones comerciales, sino fundamentalmente, en sofisticadas ingenierías financieras diseñadas por los mismos bancos que tienen una sucursal en la esquina de tu casa. Pero de eso nadie habla.
Como agravante, tengamos en cuenta que el paradigma de “guerra a la droga”, data de 1971 y fue una puesta en escena del gobierno de Richard Nixon en los EEUU, al sólo efecto de perseguir a quienes se oponían a la guerra de Vietnam (ciudadanos afroamericanos y hippies). De modo que se resume en la represión del consumidor, tal como se hace aquí, llenando las cárceles de pobres adictos. Todos recordamos la “guerra a las drogas” de Vidal y Ritondo, derrumbando precarias construcciones en las que –según decían- se vendía droga, mientras se les “perdían” 500 kilos de sustancia y nos argumentaban, a modo de excusa, que los habían “comido los ratones”.
Para finalizar, una reflexión: el “Paisa” es el eslabón más débil de una cadena cuyo grosor y peso, tal vez nunca lleguemos a conocer. Si esto resulta así, estaremos en problemas. Y esperemos que los apellidos Culotta y Starc, comiencen a escucharse pronto en el Consejo de la Magistratura.
