El legislador porteño pidió investigar, además del homicidio del joven futbolista, cuales son los móviles que circulan sin patentes y con efectivos de la Policía de la Ciudad vestido de civil de forma ilegal.
Y en ese sentido, agregó: «Es imposible que se desarrollen actividades ilegales sin que exista una mínima connivencia entre las cúpulas policiales y la dirigencia política».
«Lo primero que se debería hacer es detectar cuales son los móviles que circulan sin patentes y con efectivos de la Policía de la Ciudad vestido de civil de forma ilegal. Leandro Santoro
Tras la repercusiones del homicidio de Lucas González, el joven de 17 años baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad que realizaban un operativo irregular y circulaban en un vehículo sin identificación en el barrio de Barracas, Santoro y su compañera de bancada Victoria Montenegro presentaron ante los tribunales federales de una denuncia para investigar la posible existencia de una asociación ilícita entre uniformados y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación recayó en el Juzgado Federal Número 2, a cargo del magistrado Sebastián Ramos y se solicita «investigar evidencias de las que se da cuenta en la nota publicada en el diario Clarín donde se muestra el modus operandi de varias brigadas de la policía de civil”.
«Lo primero que se debería hacer es detectar cuales son los móviles que circulan sin patentes y con efectivos de la Policía de la Ciudad vestido de civil de forma ilegal. La investigación tiene que tirar del hilo para ver no solamente quienes se dedican a apretar comerciantes sino quienes les dan las órdenes a ellos para apretar y para recaudar”, observó.
Para el legislador, “esas brigadas operan con la lógica parapolicial que ya hemos visto y denunciado porque hacen como si fueran policías identificados y uniformados cuando no lo son y provocan confusiones horribles»
«Mucha gente supone que la van a robar y en realidad lo están parando para hacer un control vehicular, lo que está prohibido”, apuntó.
También señaló que “la otra parte de la investigación judicial es establecer si además extorsionaban a los comerciantes o a los vendedores de drogas o a los consumidores para recaudar para el comisario”.
