Hoy, el accionista mayoritario de Socma es Gianfranco Macri, con un 40% de acciones; 20 % pertenecen a Mariano Macri; otro 20% a Florencia Macri y el 20% restante es de los hijos de Sandra Macri, quien falleció. Mauricio Macri se desprendió de las acciones: las había cedido a sus hijos (Agustina, Gimena y Francisco), y luego estos en 2017 a Gianfranco. Por esto no es cierto que la quiebra y su extensión pueda afectarlos a ellos, contra lo que alegaba el expresidente para victimizarse cuando la jueza Cirulli decretó la quiebra.

Ahora, el proceso de quiebra está suspendido por decisión de la misma jueza a raíz de que el Correo apeló, pero la Procuración del Tesoro pidió la extensión como reaseguro. “La extensión de quiebra constituye uno de los medios orientados a incrementar el activo liquidable para su reparto entre los acreedores, generalmente insatisfechos a raíz de la insolvencia de su deudor (…) en atención a la insolvencia de Correo Argentino, el Estado Nacional resulta un acreedor afectado por el déficit del activo en la quiebra principal, motivo por el cual pretende hacer extensiva la quiebra decretada, a las sociedades controlantes  Socma Americana y Sideco Americana, en orden a satisfacer el crédito que como acreedor verificado le pertenece», dice el escrito.

La decisión sobre la validez de la quiebra está ahora en manos de la Sala B de la Cámara Comercial, que tiene una nueva integrante, María Guadalupe Vásquez, que se sumó a las históricas Maria Lelia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini. Todavía en este asunto debe dictaminar Boquin. El Correo intentó apurarla, por ahora sin suerte. Los plazos no están vencidos. En forma simultánea, los Macri intentan que el expediente pase al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), como si éste pudiera revisar las sentencias de la justicia comercial nacional. A ese tribunal le pidieron el apartamiento de Cirulli y de Boquin. La discusión está ahora en manos de la Corte Suprema, que debe definir las competencias de la corte porteña, lo que será clave para esta causa y a futuro para otras.

La Procuración del Tesoro se basa en dos aspectos. Por un lado recuerda que la jueza Cirulli estableció que «…la concursada no tiene actividad comercial, se encuentra en una situación ruinosa, en los términos informados tanto por la Sindicatura Controladora, como por la Sra. Interventora y el Estudio Evaluador, sin poder afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios –que se satisfacen mediante donaciones societarias– y con un desmesurado pasivo concursal y postconcursal. Tal crítica situación genera dudas razonables sobre su (…) capacidad de pago». También dijo que «dicha circunstancia es reconocida por Correo Argentino, en tanto ha dejado en claro su imposibilidad de pagar el total de la deuda que tiene con el Estado Nacional, pues pese al dilatado trámite concursal ha exteriorizado propuestas concordatarias insuficientes».

El otro ángulo del planteo recuerda que la ley de Concursos y Quiebras prevé en el inciso 2 del artículo 161 la extensión de quiebra a “… toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico del que forma parte”. Por eso dedica varias páginas a repasar los desvíos que fueron identificados por la fiscalía de Cámara. Algunos ejemplos: Correo acordó pagar a Sideco durante 12 meses un alquiler por 18.000 dólares por oficinas en el edificio conocido como «El Rulero» en avenida Libertador, inexplicable para una empresa inactiva por lo que serían «actos simulados, fraudulentos». Otro caso de desvío grosero fue la compra de acciones de la firma Neficor a Socma, una sociedad uruguaya dedicada al negocio automotriz, por 2,1 millones de dólares. Hubo pagos millonarios, por al menos 35 millones de pesos en su momento, a consultoras, abogados, empresas de publicidad que tenían alguna relación con Macri, algunos incluso con su gobierno, como el diputado Pablo Tonelli y el exsecretario legal y Técnico Pablo Clusellas y el de Modernización, Andrés Ibarra. También hubo honorarios a directores que no respetaron las normas.

Zannini hace hincapié en que «existen más muestras de la conducta fraudulenta con la que el Grupo Controlante manejó y maneja hoy día el destino de la hoy fallida, siempre teniendo como norte el vaciamiento fraudulento de Correo Argentino en beneficio de sus accionistas mayoritarios, denominador común de todos los actos a los que nos venimos refiriendo (…) quizá un aspecto insoslayable a considerar para comprender acabadamente la flagrante ilegalidad en que se incurre una y otra vez sería lo referido a la manipulación de las mayorías, sobre lo cual merecería un capítulo aparte el entramado que pone en escena al Meinl Bank, lo que tomó estado público hace pocos meses». El Meinl Bank es una entidad austríaca a la que el Correo le vendió la parte mayoritaria de su deuda privada y congeló el valor al dólar de 2013, a 6,5 pesos. Ese banco fue acusado de lavado y está inhabilitado hoy para operar.

La jueza Cirulli, por lo pronto, dijo que resolverá el pedido de extensión después que la Cámara se pronuncie sobre la quiebra.