El diputado nacional del Frente de Todos, Carlos Selva, contó los detalles del programa impulsado por Sergio Massa. “Yo creo que todos van a interpretar que es una necesidad que va más allá de cuestiones partidarias o de sectores”, resaltó.
Sergio Massa llevó al Congreso el proyecto “Un puente al empleo” para generar empleo genuino justamente.
¿Cuáles son los puntos a destacar de este proyecto y por qué considera que es tan relevante?
Primero hay que entender que Sergio ha tenido una coherencia en generar y atender a determinados sectores de la sociedad que requerían de determinadas normativas.
Y en este caso particular algo que todos sabemos es que hay que buscar herramientas desde el punto de vista legislativo o normativo para volver a adaptar lo que han sido los programas de seguridad social, los programas de asistencia social, a la formalización del empleo.
El puente es una palabra muy amena y muy valiosa para nosotros porque era también una definición que usaba muchísimo José Manuel de la Sota.
La palabra puente él la utilizaba como el tema de buscar el diálogo y la armonía para solucionar interpretaciones, conflictos, diversidad de opiniones.
Así que atiende a un sector que tiene que ver con apuntar a incentivar a la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa que se tipifica en dos formas: tramo 1 y tramo 2, generándoles no solamente las condiciones a las personas que están en los programas de asistencia social, donde le dice que por 12 meses o por 24 meses según la tipificación van a tener el 100 por ciento de sediciones impositivas, pero aparte en todos los casos por 12 meses van a tener la continuidad del programa del plan social, incorporándose a un sistema de trabajo que establecen los distintos convenios según el rubro que sea.
Esto le permite un beneficio al empleado de poder regularizar la situación y mejorar sus condiciones no solamente por cuestiones remunerativas sino que pasan a tener una obra social, un seguro. O sea la formalización del empleo hace que no solamente sea pecuniario en la mejora sino que es una dignificación del trabajador.
Con respecto a las empresas, particularmente, les permite no solamente contar con ese apoyo para incorporar la situación a los trabajadores en la nueva realidad que se pretende, coherente con el crecimiento que está teniendo la incorporación del empleo y el desarrollo de la industria en la Argentina, y le brinda la posibilidad, según la tipificación que establece la ley, de incorporar una determinada cantidad de trabajadores.
En el caso de las micro, 5 trabajadores con el 100 por ciento de beneficios en la eximición de cargas impositivas; en el de las medianas tramo 2, 20 trabajadores con un 85 por ciento de reducción de los aportes patronales. Esto produce un beneficio muy importante para las empresas que se adhieran a este sistema e incorporen programas con planes de trabajo.
Esto es un reclamo que se ha hecho desde la oposición durante mucho tiempo: pasar o transmutar los planes sociales en trabajo genuino. ¿Cómo ve la reacción del arco opositor ante este proyecto?
Yo creo que todos van a interpretar que es una necesidad que va más allá de cuestiones partidarias o de sectores. Esto tenemos que hacerlo y por eso que la misma ley que brinda este tipo de beneficios también exime a las empresas de sanciones penales por trabajadores que quieran regularizar, porque también apunta a regularizar las situaciones laborales.
Hay trabajadores que tienen plan social y tienen lo que se denomina trabajo en negro para no perder el plan social.
En este caso se exime a los empresarios de las multas por todo lo que corresponda, deudas por capital, intereses y multas por trabajadores y trabajadoras que regularicen.
Y también a los trabajadores que son regularizados les brinda el beneficio de que el Estado se hace cargo del tramo que no han estado regularizados y les considera cómputos positivos a favor de la jubilaciones, como para que no pierdan los años de aporte en los cuales estuvieron trabajando y que hoy el empresario lo regulariza.
Hay muchos beneficios como para que realmente haya un cuestionamiento.
¿Quedó con un sabor amargo luego de la caída de la sesión de la semana pasada donde se iba a tratar, entre otros temas, la ley de etiquetado frontal?
Por supuesto. No solamente teníamos un temario de cuatro temas que no podían generar controversias en esto. La gente en situación de calle; la regularización de los trabajadores vitivinícolas para regularizarlos en igual condiciones que los otros trabajadores del sector rural o del sector hortícola, que abarcaba casi a 50 mil trabajadores y estaba involucrando trabajadores de siete provincias; el etiquetado frontal, que tiene mucho de volver a plantearle a la Argentina en la orientación que está teniendo el mundo que es a una alimentación saludable.
El etiquetado frontal no condiciona ningún proceso de producción sino que dice y condiciona al sector de la industria de la alimentación a ponerles claramente a los consumidores las condiciones con las que se elaboran determinados productos. Tiene claramente un paso progresivo a lo que va a demandar el mundo. Era ir a adecuándonos a la alimentación sustentable que va a demandar el mundo.
Y esa misma ley también tenía algo muy profundo que era que la publicidad hacia niños tiene que estar vedada porque los niños son niños, no pueden anticiparle esa etapa e incentivar publicidades que los orienten a consumir determinados productos que no tienen condiciones saludables.
La ley tenía eso de control, ponele que sea opinable, porque las empresas han hecho lobby y pareciera que algunos de los bloques de la oposición se han hecho eco de esto y no nos dieron el quórum como para tratar estos cuatro proyectos.
Pero también quiero agregar que en el Estado los que hablan de la República, el bloque de Juntos por el Cambio, Cambiemos, como lo queramos llamar, siempre se llena la boca con el tema de la República… había tres diputados esperando para jurar, para poder asumir su banca y sentarse en la banca, y como no dieron quórum no pudieron tener el juramento de forma.
Los que hablan de la República le vedaron a tres legisladores nacionales, dos de nuestro bloque y uno del bloque de ellos, de poder asumir como diputados nacionales y conformar el Congreso de la Nación.
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