El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, sostuvo que, «al no ser vinculantes, no tiene sentido alguno la celebración de audiencias públicas». Agregó que «lo correcto sería que se tengan en cuenta las opiniones de los disertantes y, por mayoría, decidir la forma de actuar, en este caso, sobre las tarifas».
Por tal motivo, el ombudsman local tomó «la firme decisión de no participar de ellas como Defensor del Pueblo de Avellaneda», por las causas señalados y, «sobre todo por el poder hegemónico y el abuso que construyeron las empresas monopólicas de servicios».
En su comunicado, García afirmó que «las audiencias públicas, al carecer de carácter vinculante, son comparables con aquel ciudadano que tenga un juicio oral para defender su posición no es escuchado y se conozca la sentencia, previo al inicio del juicio».
«Esto resulta en una verdadera contradicción inexplicable, vulgarmente llamada ‘está todo perfecto, pero marche preso'», añadió García textualmente, e insistió en que “las audiencias públicas tienen y deben ser vinculantes”, por lo cual reclamó «a los legisladores competentes, que dicha Ley sea destinada a usarse como vinculante ya que sería ampliamente democrática y totalmente indispensable».
Finalmente, García sintetizó los motivos por los cuales no participa de dichos encuentros en que «los ciudadanos participantes, así como se aplican, no pueden influir en las decisiones ya tomadas» y «las resoluciones no son transparentes ni democráticamente justas». Además, finalizó, «si bien la norma es correcta, su aplicación va en contra del Espíritu de ella en si misma».
El Vigia
