La deuda del macrismo “se trató de un fraude”

Rodolfo Tailhade, diputado nacional por el Frente de Todos, aseguró que la decisión del presidente de avanzar en una querella criminal para investigar el préstamo del FMI durante el gobierno de Mauricio Macri “impulsa nuevamente” el trabajo de la comisión bicameral de seguimiento de deuda del Congreso y aclaró que “va a haber novedades pronto, no solo en el ámbito judicial, sino también en el ámbito del Congreso”.

De acuerdo al diputado, que es integrante de la comisión, “con el presidente poniendo nuevamente el tema en la discusión pública el trabajo de la bicameral se va agilizar”, luego del “pedido inicial al Banco Central” que realizaron “antes de la pandemia” y que concluía que en el período 2016 2019 hubo “una fuga neta de 86 mil millones de dólares”.

“Hay una diferencia sustancial entre judicializar una medida económica” y la investigación “que va a impulsar el gobierno”, que tiene que ver con “quién se quedó con un dinero que nunca vino al país”, explicó Tailhade.

Y agregó que “se trató de una operatoria planificada deliberadamente, porque esos 45 mil millones de dólares no tenían como objetivo la recuperación del país, obras de infraestructura o consolidar las reservas, tenían como misión principal abastecer la fuga de dólares”.

“No se trató de una decisión económica, se trató de un fraude y por eso hay que investigarlo”, remarcó el diputado.

Para Tailhade, “con el Poder Judicial actual no” hay muchas posibilidades de avanzar en la causa, “pero hay algunas puertas abiertas que permiten guardar alguna expectativa sobre una renovación del poder judicial, en particular, con el recambio que se está generando en la Cámara Federal”.

“Esa cámara hoy está siendo renovada, con lo cual es probable que esta causa pueda prosperar y tener algún avance; veremos si lo suficiente como para responsabilizar penalmente a los que efectivamente hay que responsabilizar: el ex presidente, todo su equipo económico, las autoridades del Banco Central; todos tienen que responder penalmente y patrimonialmente por lo que han hecho”, sostuvo.

-¿Cómo analiza el pedido del presidente de iniciar una querella criminal por el préstamo del FMI?

-Por supuesto comparto la decisión del presidente. Era el paso siguiente que había que hacer en este proceso de revisión del endeudamiento público durante la época del macrismo, y es un paso adelante porque habíamos prácticamente pasado todo el año 2020 sin poder reunir a la comisión bicameral de seguimiento de deuda, que era la que estaba investigando el tema fuga. Y a partir del contexto de pandemia no se pudo darle continuidad a ese trabajo, pero ahora con el presidente poniendo nuevamente el tema en la discusión pública el trabajo de la bicameral se va agilizar. Sobre todo porque ya está la información disponible, nosotros habíamos arrancado con un pedido inicial al Banco Central, antes de la pandemia habíamos recibido el informe respecto de la fuga de divisas periodo 2016 – 2019 con una conclusión de una fuga neta de 86 mil millones de dólares. Luego habíamos requerido una ampliación para que nos dijeran nombre, apellido y Cuit de empresas, operación por operación, de los responsables de la fuga; y ese proceso se había quedado frenado por la pandemia y por las dificultades del Congreso de funcionar de manera presencial. Esta decisión del presidente impulsa nuevamente este trabajo y me parece que va a haber novedades pronto, no solo en el ámbito judicial que es la querella criminal que anunció, sino también en el ámbito del Congreso, donde va a haber novedades fuertes próximamente.

-¿Cree que hay posibilidades reales de avanzar con este Poder Judicial actual y teniendo en cuenta todas las denuncias que ya se desestimaron?

-No, con el Poder Judicial actual no, pero hay algunas puertas abiertas que permiten guardar alguna expectativa sobre una renovación del poder judicial, en particular, se está generando el recambio en la Cámara Federal. La Cámara Federal de Comodoro Py fue el dispositivo central del Lawfare en el período Macri y esa cámara hoy está siendo renovada, con lo cual es probable que esta causa pueda prosperar y tener algún avance; veremos si lo suficiente como para responsabilizar penalmente a los que efectivamente hay que responsabilizar: el ex presidente, todo su equipo económico, las autoridades del Banco Central, todos tienen que responder penalmente y patrimonialmente por lo que han hecho. No soy totalmente pesimista con el tema pero tiene que consolidarse este proceso de renovación en la justicia, que recién empieza, prácticamente está intacto todo el dispositivo, pero algunos movimientos interesantes hubo y esto me permite guardar ciertas expectativas.

-¿Qué opina del argumento que dice que esto implica judicializar la economía?

-Judicializar una decisión de política económica sería que se denuncie que el destino del endeudamiento externo, de las divisas que ingresaron a partir de la toma de deuda fueron mal aplicadas o direccionadas a cuestiones que no son prioritarias para el Estado o intereses estratégicos. Es decir, una situación que no tiene nada que ver con lo que estamos investigando. Lo que se está investigando y lo que va a impulsar el gobierno es quién se quedó con un dinero que nunca vino al país. Es muy distinto a la decisión de política económica de tomar un crédito. Acá se tomó un crédito, el dinero fue girado por el Fondo Monetario e inmediatamente fue fugado. No es que se direccionó a cuestiones que no son estratégicas, directamente desapareció. Hay una diferencia sustancial entre judicializar una medida económica y esto. Acá el país nunca usufructuó un solo dólar de los 45 mil millones que le prestó el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque básicamente se trató de una operatoria planificada deliberadamente, porque esos 45 mil millones de dólares no tenían como objetivo la recuperación del país, obras de infraestructura o consolidar las reservas, tenían como misión principal abastecer la fuga de dólares que en ese momento estaba sufriendo el país en función de la pérdida de confianza de los mercados en el gobierno de Macri. También ahí hay una razón central para que esto se judicialice. El fondo monetario no presta plata para abastecer la fuga de divisas y este préstamo fue exclusivamente para eso. No se trató de una decisión económica, se trató de un fraude y por eso hay que investigarlo.

-¿El hecho de que el Ejecutivo impulse esta querella le da más fuerza para que avance?

-Sí, le da más fuerza. No sé cuál será la táctica elegida por el gobierno, supongo que es presentarse en una denuncia que ya está iniciada desde hace un tiempo y que está impulsada por el fiscal Picardi. Claramente que el Estado se presente como querellante, que impulse, y que lleve al expediente toda la información que dispone el Estado, que es mucha, sobre todo la que dispone el Banco Central, porque ahí esta operación por operación desde Paolo Rocca mandando miles de millones de dólares afuera hasta un ahorrista particular que manda mil dólares afuera. Están registradas todas las operaciones por lo tanto el Estado dispone de mucha información y va a ser muy importante para impulsarlo.

-¿Se puede comparar con el antecedente del caso Olmos por la deuda de la dictadura?

-Sí, se puede comparar, lamentablemente el caso Olmos (ver nota aparte) es una causa en la que el poder judicial argentino se encargó de bloquear cualquier posibilidad de que prospere. La investigación de la deuda externa contraída por la dictadura en adelante, pero sobre todo por la dictadura, cuando también el país estaba en un momento que no tenía deuda, eso marca la pauta que el poder judicial está alineado con estos intereses. El caso Olmos es un ejemplo de cómo coopera el poder judicial, por eso tenemos que tenerlo como antecedente al momento de que el Estado diseñe la estrategia procesal en esta causa.

Fuente: Va con firma

Diego Colao

diegocolao@hotmail.com