“Dejo registrado que si vuelve la Edad Media,
yo estoy del lado de las brujas”
Clarice Lispector
Un nuevo 8 de Marzo marca el calendario, conmemorándose el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Históricamente reconocido como un día de jornadas y acciones que llevan adelante organismos internacionales y gubernamentales, como también movimientos y agrupaciones feministas de todo el mundo.
Este 8M en nuestro país, está trazado por la tristeza y la indignación. La pandemia por COVID-19 y el Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio dictado por el Gobierno Nacional, puso de manifiesto el crecimiento de la violencia de género dentro de los hogares y los números son alarmantes. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina informó que entre el 20 de marzo al 30 de septiembre el promedio diario de comunicaciones sobre violencia de género recibidas en la Línea 144 aumentó en 18% con respecto al mismo período del año anterior.
En la órbita de trabajo del Ministerio de las Mujeres, con presupuesto asignado a las problemáticas de género, el Estado puso en marcha una serie de medidas para la prevención. Entre otras, se destacan el refuerzo de los canales de atención de la Línea 144 – incluída una línea de contacto directo a través de WhatsApp y una aplicación gratuita para celulares-, la articulación con organizaciones sindicales y universitarias que pusieron a disposición hoteles y espacios de alojamiento para ser utilizados por personas en situaciones extremas de violencia de género que debían dejar sus hogares durante la cuarentena y la Campaña Nacional de Prevención “Argentina Unida contra las Violencias de Género”.
Según el Observatorio Lucía Pérez, en lo que va del año se han producido 66 femicidios y hay 54 niñxs huérfanos por violencia patriarcal. Esto significa que, en Argentina, un hombre mata a una mujer cada 22 horas. Sin dudas, las acciones que lleva adelante el Estado en materia de género para la prevención de la violencia todavía no son suficientes.
En febrero, el asesinato de la joven Úrsula Bahillo visibilizó esto: 18 veces había denunciado, junto a su familia, a su ex novio agente de la Policía Federal, Ezequiel Martínez, y aún así fue asesinada apuñaladas. Es preciso modificar los mecanismos estatales para la prevención de estos delitos, como así también repensar y reforzar la protección que se les brinda a quienes denuncian. De otro modo, el Estado no será más que un promotor de campañas de difusión que solo sirven para las redes sociales pero que, en la práctica, no previenen femicidios ni acompañan a las víctimas.
Es claro que la lucha por la erradicación de la violencia de género y sus múltiples formas cobró mayor fuerza ahora que, por primera vez en la historia, la problemática tiene rango ministerial. Vale el reconocimiento a las múltiples trabajadoras estatales en todas las jurisdicciones que, desde sus espacios y labores cotidianos, construyen el sendero hacia una sociedad más justa. Pero también es necesario rápidamente reflexionar sobre cómo debería funcionar el Estado en todos sus niveles para agilizar los procesos burocráticos de atención a la víctima, para alcanzar un acompañamiento profundo que dé repuestas a ellas y a sus familias y para garantizar una protección real. Las promesas de trabajo articulado, campañas nacionales de promoción y acciones territoriales, aunque se efectivicen en la práctica, no serán nunca de relevancia si una mujer sigue muriendo en manos de un femicida cada 22 horas en nuestro país. Si el Estado no puede prevenir los femicidios, mucho menos podrá acompañar a mujeres que atraviesan las diversas y complejas formas de violencia de género estructural que el sistema traza sobre ellas.
En tanto, La Justicia debe garantizar y sostener un camino de protección y de reparación para las denunciantes y víctimas de violencia de género, y para esto es menester –en primera instancia, al menos– establecer la implementación de la Ley Micaela: Capacitación obligatoria en género y en violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan dentro del Poder Judicial. La Justicia cree que no precisa esta capacitación. El juez de Paz Luciano Callegari le negó el botón antipánico a Úrsula alegando que no tenían ninguno en funcionamiento. La autorización judicial se hizo efectiva dos días después de que Ezequiel Martínez la asesinara de 33 puñaladas. Si la Justicia no escucha y no ve, si no comprende cómo funciona la violencia hacia las mujeres y que la importancia de brindar respuestas en forma temprana y oportuna radica en que está en juego la vida, es muy difícil creer que van a poder velar por nuestra seguridad.
Hoy no es ningún día feliz. La construcción de una sociedad más justa e igualitaria debiera ser responsabilidad del país entero. Fundamentalmente del Estado y del Poder Judicial. Así en el futuro, los días como hoy, podríamos alzar otras consignas, soñar otras cosas, sentir menos tristeza, cargar menos enojo. Es mi deseo este trágico 8 de Marzo.
En pleno Siglo XXI, no deberíamos estar pidiendo que no nos maten a otra mujer más.-
Autor/a
Mariana S. Muñiz
Lic. en Comunicación Social (UNLP).
