El Gobierno derogó un decreto de Macri sobre política migratoria.

El presidente Alberto Fernández firmó la derogación de las medidas migratorias dispuestas por anterior gobierno, que ya habían sido objetadas por Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El Gobierno derogó este viernes un decreto de la presidencia de Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que esa norma «resulta irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos», medida que fue respaldada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El Decreto 138 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros de su Gabinete deroga el Decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley 25.871 que establece el régimen de la política migratoria.

A través de un comunicado, Amnistía Internacional respaldó la determinación oficial, en virtud de que el decreto derogado «violaba los derechos humanos de los migrantes y se transformó en un hito en el retroceso de la política migratoria argentina».

«Desde el minuto uno, se generó una amplia movilización de la sociedad civil y se realizaron múltiples denuncias contra la Argentina de parte de organismos internacionales», dijo a Télam la directora de Política y Justicia internacional de AI Argentina, Mariana Fountoura Marques.

Asimismo, el CELS también apoyó la decisión al considerar que implica «un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar».

Además, el decreto derogado «significó un giro en el rol que Argentina mantenía a nivel regional y mundial desde la Ley de Migraciones en 2004» y «formó parte de una tendencia que aumentó la discrecionalidad de los Estados para controlar, detener y expulsar migrantes», aseguraron desde el CELS.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que «hoy es un día de celebración» porque «la política migratoria argentina vuelve a estar a la vanguardia y a ser faro y garantía del ejercicio de los derechos humanos de los migrantes».

«El decreto derogado reformaba de manera inconstitucional la Ley de Migraciones y fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos en Argentina, organismos internacionales y en causas individuales y procesos judiciales colectivos», escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Respuesta de la directora de Migraciones

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, salió al cruce de las críticas opositoras, al señalar que «es mentira la información deliberadamente malintencionada que están dando algunos dirigentes de la oposición» porque «los impedimentos para el ingreso de extranjeros son exactamente iguales en el Decreto 70 y en la ley que se restituye hoy».

En ese sentido, la funcionaria resaltó que el artículo 29 inciso C de la ley vigente establece claramente que no podrán ingresar al país «quienes hayan sido condenados o estén cumpliendo condena en la Argentina, en el exterior» o quienes tengan «antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas (…)».

Carignano dejó en claro que «el Decreto 70 fue un acto de propaganda que solo sirvió para ocultar los delitos cometidos en Migraciones durante la gestión macrista».

«Fue una acción propagandística sin consecuencias reales en la administración de nuestras fronteras, que se basaba en sentimientos xenofóbicos como un acto de propaganda y falsa mano dura contra la delincuencia», completó.

Por su parte, el diputado nacional Luis Petri (UCR) anunció en un comunicado que junto a su par y titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, presentarán un proyecto de ley que restablezca el contenido del decreto derogado el viernes, ya que «el Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos».

El decreto derogado «modificó aspectos sustanciales» de esa ley, según figura en los considerandos de la norma, y como resultado se observan violaciones a los derechos humanos, como el debido proceso, asistencia y defensa legal y la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del migrante sin definir las causas que la habilitan, entre otros.