Se trata del caso por presuntas tareas de espionaje ilegal vinculadas a las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires en 2017, el denominado proyecto AMBA.
Por Vanesa Petrillo
El ex titular de la AFI Gustavo Arribas y su ex segunda Silvia Majdalani fueron procesados nuevamente, esta vez por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla en la causa por espionaje político coordinado por las máximas autoridades del organismo en la provincia de Buenos Aires. Fueron embargados en la suma de $20.000.000.
Se trata del caso por presuntas tareas de espionaje ilegal vinculadas a las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires en 2017, el denominado proyecto AMBA.
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El magistrado concluyó que la AFI del gobierno de Mauricio Macri “retomó las prácticas del espionaje sobre los opositores políticos, sobre aquellos que desarrollaban actividades sociales y gremiales y sobre aquellos que desplegaban actividades de protesta, y de ese modo, violó la ley y la Constitución Nacional”.
La resolución consigna que la exsubdirectora de la AFI “fue la funcionaria que se nutría diariamente de la información de inteligencia reunida por las nueve delegaciones provinciales y que, de acuerdo con sus funciones específicas, fijaba los objetivos de inteligencia específicos y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes”.
En cuanto a Arribas, “fue quien ordenó expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires”.
Ambos, eran quienes determinaban “los objetivos” programáticos de las acciones de inteligencia llevadas adelante o coordinadas también por sus subordinados.
Esos objetivos, que consistían en investigar a las agrupaciones políticas, organizaciones sociales y sindicatos, sus actividades y referentes, “estaban expresamente prohibidos por la ley y claramente no respondían a una alerta, riesgo o problemática vinculada a la defensa nacional o la seguridad interior”, remarcó Ramos Padilla.
El espionaje abarcó desde los seguimientos de la campaña electoral 2017, manifestaciones por la desaparición de Santiago Maldonado, inteligencia ilegal sobre comedores comunitarios, acciones ilegales sobre actividades gremiales, y hasta espionaje vinculado a la protesta social y los reclamos por la ley de emergencia alimentaria.
El juez adjuntó toda la documentación que da cuenta de las maniobras realizadas, que también incluyó espionaje sobre el Comité por la Liberación de Milagro Sala, y hasta un relevamiento de una charla pública del periodista Horacio Verbitsky y la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elisabeth Gómez Alcorta sobre la situación de Milagro Sala.
Los procesamientos de Arribas y Majdalani se suman a los que ya fueron dictados en la causa por espionaje que tramita en Lomas de Zamora. En el nuevo fallo, el juez Ramos Padilla los acusó de acciones de inteligencia prohibidas y abuso de autoridad.
Para el juez de Dolores, “no sólo que existía una directiva de carácter general” que les ordenaba a los agentes realizar inteligencia ilegal “emanada de la máxima autoridad del organismo”, sino “también que se dispusieron órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar”.
El llamado “Proyecto AMBA” consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, a las que se sumaron otras tres bases ubicadas en las principales ciudades de la provincia.
La estructura se compuso de las seis denominadas “Bases AMBA”, ubicadas en diferentes distritos del conurbano bonaerense, específicamente en Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Se le sumaron además las tres bases históricas con que contaba la Agencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires, con sedes en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.
El procesamiento de casi 1000 páginas, dividido en 24 capítulos analiza la responsabilidad de los imputados en la inteligencia ilegal que se hizo en manifestaciones políticas, en partidos políticos opositores, en organizaciones sociales, comedores comunitarios, distintas cumbres, etc.
El despliegue de la inteligencia ilegal en todo el territorio bonaerense ha sido corroborado por el juez a partir de numerosos documentos de inteligencia elaborados por cada una de las nueve bases aludidas, los que dan cuenta que, en la mayoría de los 135 partidos de la provincia, en mayor o menor medida, se realizaron labores de inteligencia prohibidas, inclusive en aquellos pertenecientes a la jurisdicción de Dolores en los que actuaba, en particular, la Delegación Provincial Mar del Plata. El juez consignó esos documentos en la resolución.
“El proyecto AMBA implicó el restablecimiento institucional de una práctica de los servicios de inteligencia que se creía superada. Una vuelta atrás en los logros de la democracia y la protección de las libertades políticas y los derechos individuales”, advirtió el juez.
