«La corrupción de la justicia tiene dos causas: la falsa prudencia del sabio y la violencia del poderoso». Santo Tomás de Aquino
La actuación del Poder Judicial en la Argentina ha dejado de merecer el nombre que solíamos utilizar para referirnos -equivocadamente- a la organización institucional cuya cabeza es la Corte Suprema: “la Justicia”. Cuando los jueces de una República, de una Nación, dejan de ser el poder de la justicia -virtud ordenadora que constituye la base central de la organización comunitaria- y pasan a ser un poder institucional que legitima “la violencia de los poderosos”, no solo ocurre que se ha corrompido la justicia, sino que la organización política institucional ha pasado a ser inficionada y la democracia como sistema se pone en jaque en su razón de ser mas íntima.
El peronismo, como movimiento político, ha incorporado como bandera, además de la soberanía política y la independencia económica, a la justicia social. Es decir, ha reconocido que, para alcanzar la grandeza de la Nación y la felicidad del pueblo, es menester realizar la justicia. De alguna manera, este concepto hace suya la afirmación del gran filósofo alemán Josef Pieper, quien reconocía que “entre los muchos nombres que posee la infelicidad en este mundo, el que preferentemente ostenta es el de la injusticia”.
La democracia a la que aspiramos, en la cual una masa constituida en pueblo -con conciencia política, con dignidad y con libertad -, pueda decidir por sí mismo y construya su propio destino, requiere necesariamente de recomponer el sentido de justicia. Es decir, favorecer la felicidad. Todos aquellos que, desde el lugar que les toque, permitan o hayan permitido enaltecer la dignidad de cada persona (hombre, mujer, joven, anciano, niño o niña), sea de la condición que sea y haya nacido en donde haya nacido, son constructores de justicia. La justicia es reparación, es recomponer situaciones de desigualdad. Es equilibrar y es impedir que los más fuertes impongan su voluntad a los más débiles. Es reivindicar también a quienes pelearon por ella y que, en función de eso, sean homenajeados desde la memoria y defendidos como hombres y mujeres de verdad, en lucha por la verdad.
Es por eso que los poderosos, los privilegiados, los que reciben la tajada mayor en una sociedad injusta, siempre han sostenido su poder y sus privilegios con la violencia de su propia fuerza. Toda acción política que propicie el equilibrio de esa fuerza con otra igual o superior, basada en la dignidad, en la libertad y en la organización, es vituperada, subestimada, ridiculizada y, si es posible, destruida. Suena duro en nuestra Argentina, pero vale la pena decirlo con todas las letras, en nombre de la memoria: también desaparecida.
Si en esta democracia, uno de los poderes institucionalmente reconocidos -llamado paradójicamente “Poder Judicial” y que ampulosamente se llama a sí mismo “la Justicia”- no solo no asume la defensa de los más relegados sino que se asienta sobre el paradigma de que su tarea es sostener y consolidar los privilegios de los poderosos, pasamos a ser, sin mayores dudas, una no democracia. Si la representación de las mayorías en el Poder Legislativo, la decisión del ciudadano que representa los Poderes Ejecutivos (nacional, provincial y municipal), la tarea de las organizaciones populares y la conciencia de los funcionarios públicos, va a estar condicionada por los designios de la violencia de los poderosos, con el brazo ejecutor de uno de los poderes del Estado, realmente la debilidad de nuestra organización institucional está en el rango de la descomposición y la anarquía.
No otra cosa es lo que se conoció últimamente como lawfare. La violencia de los poderosos se apropió de un poder del Estado y se defiende como gato entre la leña, para que ese poder no vaya bajo ninguna modalidad a equilibrarse en beneficio del pueblo. El castigo al que se atreve a desafiar la injusticia, es restaurador de los avances que puedan haber tenido los sectores populares, en beneficio de los poderosos, pero a la vez ejemplificador y disuasivo. Lo que en otra época fue violencia masiva, oscura y clandestina, contra cientos de miles que osaron ser artífices de una sociedad mas justa, ahora es quirúrgica, simbólica, emblemática y amparada por quienes están llamados a aplicar la ley. El mismo mensaje que el ultraje del cadáver de Evita pero ahora de la mano de los jueces.
Esta vez se ha tomado la precaución, además, de proteger el sentido de sus acciones con la justificación de los medios de comunicación, también constituidos como ramificaciones poderosas de los señores del dinero. Cómplices de instaurar en el mundo la cultura del descarte y convertirla en resignación, han logrado que algunos sectores medios, no queriendo ser descartados o pretendiendo ser lo que no son, hagan de la bandera de los poderosos una bandera propia y del Poder Judicial, así como está, un estandarte que creen puede defenderlos de sus propios miedos. Esa construcción de un sentido de pertenencia, que defiende el statu quo de una sociedad injusta, dirige toda la violencia discursiva, casi homogénea en los medios de comunicación, contra quienes tomen o haya tomado decisiones reparadoras de la justicia. Y lo hacen en nombre y a través de “la Justicia”.
La usurpación del Poder Judicial por parte de los sectores privilegiados y poderosos de la Argentina, no solo incide en las causas a través de los medios, sino que, utilizando a viejos amigos de su sistema de alianzas de poder -los servicios de inteligencia-, arman causas y manipulan las mismas. Pero también manejan con precisión los tiempos políticos, en pleno conocimiento de los calendarios electorales y de los momentos exactos en donde el poder democrático pretende o está en condiciones de avanzar contra los señores del dinero.
El fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia en el caso Amado Boudou, es una prueba tremebunda y tétrica de lo que pasa en el Poder Judicial y su relación oscura con el poder financiero y las mega fortunas de la Argentina. Amado fue -y esto es conocido por todos- el autor intelectual y quien llevó a la práctica la estatización de los fondos previsionales hasta entonces administrados por las AFJP. Los aportes de todos los trabajadores y trabajadoras argentinas, administrados por el sistema financiero concentrado, no solo fue una estafa vergonzosa, sino que es un absoluto sinsentido en términos de sustentabilidad del sistema previsional, de la defensa del trabajo argentino, de un modelo productivo industrializado y de la estabilidad del sistema económico entero. Quien terminó con eso, no puede quedar ileso. Pero eso no es todo. Es más sutil y tiempista la decisión. A horas de convertirse en ley el impuesto a las mega fortunas, “la Justicia” se encarga de informarle a quienes han tomado la decisión, quienes la sostengan y quienes la apliquen, cuál va a ser su destino.
El sistema político democrático argentino no puede no reaccionar frente a este apriete público y grotesco. Estamos frente a una enorme y trascendente opción: fortalecer el poder democrático, basado en la voluntad popular, el trabajo y la dignidad del pueblo o “compartir” con el establishment los resortes institucionales (la falsa prudencia) y otorgar -por acción u omisión- permisos de impunidad a la violencia de los poderosos.
*Mariano Pinedo, militante peronista.
