EL DESAFIO DE LA ECONOMIA POPULAR

Desde que Emilio Pérsico ocupó su lugar de Secretario de Economía Social en el Ministerio que conduce Daniel Arroyo, una de sus mayores preocupaciones fue integrar al circuito formal de la economía a los cientos de miles de emprendedores, que a lo largo y ancho del país, participan de lo que se denomina economía popular. Se trata de un universo que muchas veces no logra salir de la simple subsistencia, a pesar de que lo que producen, les permite el consumo que los lleva a aportar, a través del IVA -igual que el CEO de cualquier multinacional- al sistema impositivo de un Estado que desde hace mucho tiempo, los condena a la marginalidad. Dispuestos a dar vuelta esa historia, desde la Secretaría de Economía Social, comenzaron en 2020 a diseñarse varias estrategias tendientes a alcanzar ese objetivo. Lamentablemente la pandemia, significó un retraso importante. Pero la senda comienza a retomarse.

A pesar de las restricciones impuestas por las lógicas medidas de aislamiento, se comenzó a trabajar con el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), a efectos de identificar a aquellos argentinos que producen desde la informalidad. La idea, consiste en alcanzar una instancia superadora del llamado Monotributo Social que permita la inclusión de este sector, a un sistema en el que puedan contar con aportes a la seguridad social y a la salud, a cargo del Estado. Por supuesto, la cuestión fiscal no es sencilla de resolver, sobre todo cuando hay que articular con normativas vigentes en organismos como AFIP y ANSES. Pero se está trabajando. A la vez, se desplegaron programas como Potenciar Trabajo y Potenciar Jóven, tendientes a salir del esquema del mero asistencialismo, para pasar a un esquema productivo. Tal como suele repetir Pablo Chena, funcionario de la Secretaría de Economía Social, «en un gobierno peronista, el ordenador social por excelencia, debe ser el trabajo».

En este contexto, se acaba de crear la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular (CAPEP), en la que están representados los emprendedores informales de todo el país, en rubros tan dispares como la construcción, la agricultura ecológica y diversas manufacturas industriales. La iniciativa es importante, sobre todo teniendo en cuenta que el sector sufre carencias estructurales que se deberán discutir con jugadores realmente pesados de la economía. Por un lado, habrá que debatir la asistencia financiera por dentro y por fuera del sistema bancario. Por dentro, porque la gran mayoria de los productores informales no cumplen los requisitos de una Ley de Entidades Financieras que arrastramos desde la última dictadura. Por fuera, porque las entidades crediticias que funcionan por fuera de las normativas del Banco Central, cobran intereses usurarios imposibles de afrontar. A la vez, habrá que sentarse con las empresas del sistema energético para adecuar tarifas a las distintas realidades del sector informal de la producción. Por eso decimos que haberse nucleado en una cámara significa alcanzar el espesor necesario para ponerse a negociar con la fortaleza suficiente.

Como herramienta para disputar la hegemonía en la pospandemia, la CAPEP puede tornarse fundamental. Millones de argentinos necesitan la certeza de un trabajo formal, que les permita el acceso al alimento, la salud, la educación, la tierra y la vivienda.

Autor/a

Mario Diéguez